Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de Diputados concluyeron el análisis de las iniciativas sobre endeudamiento familiar y morosidad, pero no lograron unificar posiciones. El debate terminó con tres dictámenes distintos y trasladó la decisión al recinto, donde los legisladores deberán resolver cuál de las propuestas reúne los votos necesarios para avanzar.

La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR obtuvieron el dictamen de mayoría, con 32 firmas y dos disidencias radicales. La propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica sumó 27 adhesiones. En tanto, Argentina Federal presentó un tercer texto, respaldado por dos legisladores. El proyecto oficialista será el primero en votarse.

La iniciativa del Gobierno prioriza la prevención del sobreendeudamiento y busca que quienes solicitan créditos cuenten con información más clara. Propone reglas de transparencia para el financiamiento al consumo y herramientas de educación financiera. También apunta a mejorar la comunicación con los usuarios en cada instancia de contratación, desde la oferta hasta las condiciones de pago.

El texto incorpora pautas para obtener consentimiento informado en operaciones digitales y medidas de prevención de fraudes en esos entornos. Además, contempla el acceso a perfiles de riesgo crediticio y la portabilidad de préstamos. Las entidades financieras deberán detallar por separado los impuestos que inciden en el costo final del crédito, según el proyecto del oficialismo.

El dictamen impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone declarar por 180 días la emergencia por sobreendeudamiento de personas y crear un régimen de regularización y alivio financiero. Incluye la reestructuración de deudas de consumo, la eliminación de intereses punitorios y cuotas que no superen el 30% de los ingresos del deudor.

La propuesta también prevé suspender embargos, gestiones extrajudiciales de cobro y nuevos reportes negativos para quienes ingresen al régimen. Plantea límites a las tasas de interés, protecciones para usuarios de tarjetas y préstamos personales, y restricciones a prácticas abusivas. Podrían adherir personas con atrasos de al menos 60 días y que destinen una parte importante de sus ingresos al pago de deudas.

Radio Mitre