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El Dr. Matías Lindow requiere investigar una millonaria estafa perpetrada en perjuicio de un contador santiagueño

El abogado presentó un escrito ante el juez de Control y Garantías en turno, solicitando que se lleve a cabo una exhaustiva y urgente investigación, para esclarecer la millonaria estafa que sufrió un contador santiagueño, al que mediante maniobras delictivas lo despojaron de la suma de 12.100.000 pesos desde dos cuentas bancarias que operaban en la plataforma de inversiones denominada InvertirOnLine (IOL).
El joven letrado se constituyó como parte querellante y ofreció pruebas, a las que solicitó sean admitidas e incorporadas al proceso, requiriendo la imprescindible investigación para determinar las identidades de los autores de las maniobras ilícitas, partícipes y/o responsables.

Datos del caso
El damnificado es usuario habitual de dicha plataforma de inversiones mediante la cual realiza operaciones financieras vinculadas a la compra y venta de acciones, CEDEARs, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, metales y demás instrumentos del mercado de capitales, por lo que mantenía fondos depositados en su cuenta de inversión, operando regularmente desde la misma y encontrándose vinculadas exclusivamente a dicha plataforma dos cuentas bancarias de su titularidad abiertas en una entidad bancaria, una denominada en pesos y otra en dólares estadounidenses, siendo éstas las únicas autorizadas para realizar ingresos o retiros de fondos hacia o desde la plataforma.

Constata el despojo
El 3 de marzo del presente año, al ingresar a su cuenta de usuario para verificar sus inversiones y movimientos habituales, el contador advirtió con suma preocupación el vaciamiento prácticamente total de los fondos allí depositados, por lo que en forma inmediatase comunicó con el servicio de soporte de la plataforma, desde donde se le informó que, durante esa misma jornada, aproximadamente a las 11:15, desconocidos habrían accedido ilegítimamente a su cuenta de usuario, efectuando movimientos y transferencias no autorizadas por el titular.

Transferencias a cuentas ajenas
Asimismo, se le informó que los fondos existentes en la cuenta de inversión habían sido retirados y transferidos a cuentas ajenas y desconocidas para el afectado, sin brindar mayores precisiones respecto de la identidad de los destinatarios, modalidad de acceso, medidas de seguridad vulneradas ni mecanismos utilizados para concretar las operaciones.
Ante la gravedad de la situación, el damnificado solicitó de manera inmediata el bloqueo de la cuenta y la paralización de cualquier operación pendiente, a fin de evitar la continuación del perjuicio económico.

Hacia una billetera virtual
De la documentación obtenida y de la información suministrada por la propia plataforma, pudo determinarse que los fondos fueron derivados hacia cuentas pertenecientes a la billetera virtual Personal Pay, servicio respecto del cual el damnificado manifiesta categóricamente no poseer cuenta, usuario, vinculación contractual ni haber autorizado operación alguna.
Concretamente, los movimientos cuestionados consistieron en dos transferencias realizadas sin consentimiento ni autorización del titular, por las sumas de 6 millones y de 5.424.352 pesos, es decir casi 12 millones de pesos, «monto que representa los ahorros e inversiones de nuestro mandante», sostiene el Dr. Matías Lindow.

Judiciales

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para Delfín Hoyos y Enrique Carrizo en una causa por narcotráfico en Monte Quemado

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Juan Delfín Hoyos y Enrique Galván Carrizo, acusados de narcotráfico en Monte Quemado. La Unidad Fiscal y el fiscal Luis Gabriel Gómez sostuvieron la acusación y remarcaron la existencia de una red organizada de comercialización de drogas.

La justicia provincial ratificó la prisión preventiva de Juan Delfín Hoyos y Enrique Galván Carrizo, acusados de integrar una red de comercialización de estupefacientes en la localidad de Monte Quemado. La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones y Control en lo Penal, que rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó lo dispuesto por el juez de Control y Garantías.

El caso se inició en la justicia federal en el año 2024, cuando una mujer entregó espontáneamente una mochila con tres kilos de droga en una garita policial, señalando que pertenecía a su pareja. A partir de allí, la Unidad Fiscal de Monte Quemado, a cargo de los doctores Santiago Bridoux y Gabriel Gómez, desplegó una investigación que incluyó escuchas telefónicas durante más de un año, allanamientos y seguimientos financieros. Según el expediente, Hoyos habría movilizado cerca de 37 millones de pesos en tres meses, sin justificar actividad laboral alguna.

En los allanamientos realizados en diciembre de 2025 se secuestraron drogas fraccionadas, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización. En el domicilio de Hoyos se hallaron envoltorios con cocaína y marihuana, además de un cuaderno de anotaciones y $2.836.500 en efectivo. En el inmueble de Galván Carrizo se encontraron casi un kilo de marihuana enterrada en distintos sectores del predio, junto a una balanza y teléfonos celulares.

Las defensas intentaron que se modificara la calificación legal a tenencia simple, argumentando que la cantidad secuestrada era ínfima y que no existían pruebas suficientes de comercialización. También solicitaron la excarcelación y, en el caso de Hoyos, prisión domiciliaria por razones de salud. Sin embargo, la Cámara consideró que los elementos reunidos —escuchas, movimientos bancarios, ocultamiento de la droga y coordinación con otros imputados— son compatibles con la figura de tenencia con fines de comercialización prevista en el artículo 5 de la Ley 23.737.

El tribunal destacó además la complejidad de la causa, que involucra a varios imputados, fuerzas federales y provinciales, y hasta un prófugo con pedido de captura internacional. En ese contexto, se verificaron riesgos procesales concretos, como la posibilidad de entorpecer la investigación o influir sobre testigos en una localidad pequeña como Monte Quemado.

Respecto al pedido de prisión domiciliaria para Hoyos, la Cámara señaló que el informe forense concluyó que puede continuar su tratamiento médico estando privado de libertad, por lo que no se verifican los requisitos legales para esa alternativa.

Con esta decisión, la justicia provincial reafirma el trabajo de la Unidad Fiscal de Monte Quemado representada por el fiscal Luis Gabriel Gómez, quienes sostuvieron la acusación y remarcaron la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas en la zona norte de la provincia. La causa continuará con nuevas pericias sobre los dispositivos telefónicos secuestrados y con la preparación de la requisitoria fiscal para su eventual elevación a juicio.

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