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Abogado defensor niega estafas y asegura que la crisis de North Trading Solutions es “comercial, no penal”

El letrado detalló cómo la empresa se financió durante años con adelantos y cheques, hasta que la crisis económica nacional impactó de lleno en su operatoria. También denunció amenazas y presiones de algunos acreedores, y pidió que el conflicto se resuelva por la vía civil y no penal.

Diego Lindow

El abogado del empresario bandeño Fernández, titular de la firma North Trading Solutions S.R.L., salió al cruce de las denuncias por presuntas estafas multimillonarias en la venta de ganado. En declaraciones a Santiago News, sostuvo que la situación responde a una crisis financiera prolongada y no a maniobras delictivas. “Aquí no hay estafa ni engaño, es una operación comercial de una empresa que venía mal y terminó mal”, afirmó.

El Dr. Diego Lindow, a cargo de la defensa de Fernández, explicó que la compañía, con más de 25 años de trayectoria en la provincia, atravesaba serias dificultades económicas desde hace dos o tres años, en un contexto nacional de caída de precios y aumento de costos. Según detalló, la firma se financiaba con adelantos de consignatarios y cheques descontados en bancos y financieras, hasta que recientemente se produjo el primer rechazo de un documento. “Una empresa que durante 25 años nunca tuvo un cheque rechazado no puede ser señalada de estafadora por su primer traspié”, remarcó.

En ese marco, cuestionó la decisión de los denunciantes de acudir a la vía penal en lugar de la civil. “Se busca mediatizar la situación, generar miedo y presionar para que se venda la casa y se pague. Esto no es un delito, es una deuda reconocida en operaciones en blanco, con cheques, facturas y documentos electrónicos”, señaló. Para el abogado, la estrategia apunta a “acortar el camino” y forzar pagos inmediatos.

El defensor también subrayó que la empresa no desconoce sus obligaciones y que la única salida posible es continuar trabajando para generar recursos. “No cualquier deuda es un delito. La intención de pago existe, pero muchas veces no alcanza si no hay recursos. La familia Fernández es gente honorable, signada por el trabajo, que no se ha quedado con dinero ilícito ni ha hecho gastos fuera de lo común”, aseguró.

Asimismo, denunció que algunos acreedores habrían incurrido en amenazas y actos de violencia. “Tenemos constataciones notariales de amenazas de muerte y secuestro, y de intentos de ingresar sin autorización al predio de la empresa para llevarse camiones y bienes. Estamos formalizando denuncias penales contra esas personas”, reveló. Según el abogado, estas acciones buscan “cobrarse por mano propia” y agravan el conflicto.

El profesional insistió en que la vía adecuada es la negociación y la refinanciación de la deuda. “Si una persona no tiene, por más que la quieras meter presa, no te va a pagar. Lo correcto sería sentarse, acordar un cronograma y seguir trabajando. Los denunciantes venían operando con la empresa desde hace años, con historia de cumplimientos. No se puede desconocer eso por un incumplimiento puntual”, argumentó.

Finalmente, el abogado se mostró confiado en que la compañía podrá superar la crisis. “North Trading sigue trabajando, buscando financiamiento para continuar con la operatoria y cumplir con sus obligaciones. Es una familia que no rehúye sus responsabilidades y que apuesta a salir adelante con esfuerzo y transparencia. Lo que se pretende instalar como estafa es, en realidad, una deuda comercial en un contexto económico adverso”, concluyó.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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