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El Gobierno autorizó una licitación para construir galpones y otras obras en la Base Naval de Ushuaia

El Gobierno nacional habilitó el llamado a una licitación pública por $7.638.061.962 para sumar galpones modulares y ejecutar trabajos complementarios en la Base Naval de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La autorización quedó plasmada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 733/2026 del Ministerio de Defensa. El plazo previsto para completar las tareas es de 548 días corridos.

La resolución lleva la firma del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y establece que la contratación se hará bajo la modalidad de ajuste alzado. El proceso quedó identificado como Licitación Pública Nacional N° 38-0502-LPU26. Además, la cartera aprobó los documentos técnicos y administrativos, incluidos los pliegos particulares y los planos que servirán de base para recibir las propuestas.

La construcción de los galpones se integra a una iniciativa de inversión pública de mayor alcance, registrada con el número BAPIN 100.426. Ese plan también incluye la ejecución de un muelle y de infraestructura vinculada, además de la compra de maquinaria y equipamiento. Las obras están previstas para el sector oriental de la península de Ushuaia.

La licitación autorizada, sin embargo, corresponde específicamente a los galpones modulares y las tareas complementarias asociadas. El proyecto apunta a ampliar las instalaciones de la Base Naval de Ushuaia, dentro de un programa que busca desarrollar infraestructura para la actividad de la Armada en la zona. La convocatoria se tramitará a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR.

Los fondos para afrontar el contrato se cargarán al presupuesto del Ministerio de Defensa, en la partida asignada al Estado Mayor General de la Armada. Según la documentación del expediente, la fuerza cuenta con crédito disponible para 2026. También se prevén compromisos de inversión que alcanzarán los ejercicios presupuestarios de 2027, 2028 y 2029.

La Dirección General del Material de la Armada conducirá la ejecución de los trabajos, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza tendrá la responsabilidad de inspeccionarlos desde el punto de vista técnico. La autoridad militar también deberá establecer, mediante el sistema de contratación electrónica, cuándo se abrirán las ofertas presentadas por las empresas interesadas.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia ordenó la liquidación de la empresa vinculada a Lázaro Báez que seguía operando desde la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro, sociedad ligada a Lázaro Báez que seguía en actividad mientras el empresario estaba preso. La resolución responde a un planteo del Ministerio Público Fiscal y busca destinar el valor de la firma y sus bienes al pago de sanciones económicas pendientes.

La composición accionaria registrada asigna el 70% de la compañía a Lázaro Báez y el 30% restante a su hijo Martín. Según consta en el expediente, ambos acumulan deudas derivadas de condenas firmes: al empresario se le atribuyen más de 329 millones de dólares y a Martín, una cifra que supera los 274 millones.

Para ejecutar la medida, el tribunal resolvió que las acciones sean anotadas de manera provisoria a nombre del Estado nacional. También requirió la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que quedará a cargo del manejo operativo de Austral Agro y de la administración de los recursos que produzca.

La resolución incluye un relevamiento del valor de la empresa y de la totalidad de sus activos. Peritos de la Corte Suprema deberán realizar esa evaluación y entregar sus conclusiones dentro de diez días hábiles. El propósito es establecer qué bienes pueden convertirse en fondos para cubrir, al menos parcialmente, las obligaciones económicas pendientes.

Creada por la familia Báez para operar en el sector ganadero, Austral Agro llegó a reunir numerosas estancias en Santa Cruz. Pese a las medidas judiciales que afectaron el patrimonio del empresario, la firma habría mantenido explotaciones rurales: una investigación sostiene que administraba al menos diez campos, trabajados mediante acuerdos de arrendamiento.

En procedimientos recientes realizados en la provincia, los investigadores incautaron documentación que, según el expediente, registraría ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos por esas operaciones. Ese material forma parte de las actuaciones que buscan precisar cómo funcionaba la estructura y quiénes gestionaban sus bienes y recursos mientras Báez cumplía su condena.

Radio Mitre

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