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Nacionales

Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska cerró el caso y anuló de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina

La jueza federal Loretta Preska formalizó el cierre del expediente en primera instancia en Nueva York y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina. La medida responde a la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo anuló la condena por la expropiación de YPF.

El trámite no representa el final definitivo del juicio por YPF. Burford Capital presentó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo de segunda instancia, y ahora los magistrados deberán resolver si aceptan intervenir. La presentación, conocida como recurso de certiorari, no obliga al máximo tribunal a tomar el caso.

En 2023, Preska había ordenado que el Estado argentino pagara más de USD 16.100 millones a los demandantes. Con los intereses, el monto llegó a superar los USD 18.000 millones. La Cámara revocó esa decisión al considerar que la jueza había aplicado de manera equivocada el derecho argentino al analizar los reclamos.

El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Petersen Energía, Petersen Energía Inversora —ligadas a la familia Eskenazi— y Eton Park demandaron al país. Alegaron que el proceso expropiatorio desconoció los derechos de accionistas minoritarios; Burford financió la disputa y adquirió los derechos de los antiguos accionistas.

Al fundamentar la revocación, la Cámara sostuvo que la normativa argentina sobre expropiaciones impedía reclamos de terceros que obstaculizaran ese procedimiento. También entendió que el estatuto de una compañía no equivale a un contrato entre sus accionistas que habilite indemnizaciones como las reclamadas. En junio, el Segundo Circuito rechazó revisar el fallo en una instancia ampliada.

Tras ese rechazo, la Corte Suprema quedó como la última alternativa judicial de Burford en Estados Unidos. Los demandantes describieron la decisión de apelación como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según informó Bloomberg. Sin embargo, la presentación solo solicita la revisión: los jueces pueden aceptarla o desestimarla.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia ordenó la liquidación de la empresa vinculada a Lázaro Báez que seguía operando desde la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro, sociedad ligada a Lázaro Báez que seguía en actividad mientras el empresario estaba preso. La resolución responde a un planteo del Ministerio Público Fiscal y busca destinar el valor de la firma y sus bienes al pago de sanciones económicas pendientes.

La composición accionaria registrada asigna el 70% de la compañía a Lázaro Báez y el 30% restante a su hijo Martín. Según consta en el expediente, ambos acumulan deudas derivadas de condenas firmes: al empresario se le atribuyen más de 329 millones de dólares y a Martín, una cifra que supera los 274 millones.

Para ejecutar la medida, el tribunal resolvió que las acciones sean anotadas de manera provisoria a nombre del Estado nacional. También requirió la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que quedará a cargo del manejo operativo de Austral Agro y de la administración de los recursos que produzca.

La resolución incluye un relevamiento del valor de la empresa y de la totalidad de sus activos. Peritos de la Corte Suprema deberán realizar esa evaluación y entregar sus conclusiones dentro de diez días hábiles. El propósito es establecer qué bienes pueden convertirse en fondos para cubrir, al menos parcialmente, las obligaciones económicas pendientes.

Creada por la familia Báez para operar en el sector ganadero, Austral Agro llegó a reunir numerosas estancias en Santa Cruz. Pese a las medidas judiciales que afectaron el patrimonio del empresario, la firma habría mantenido explotaciones rurales: una investigación sostiene que administraba al menos diez campos, trabajados mediante acuerdos de arrendamiento.

En procedimientos recientes realizados en la provincia, los investigadores incautaron documentación que, según el expediente, registraría ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos por esas operaciones. Ese material forma parte de las actuaciones que buscan precisar cómo funcionaba la estructura y quiénes gestionaban sus bienes y recursos mientras Báez cumplía su condena.

Radio Mitre

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