La Justicia Federal abrió una nueva investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita que vuelve a comprometer la situación procesal de Lázaro Báez. La fiscalía de Río Gallegos, en conjunto con la PROCELAC, sostiene que el empresario habría organizado desde la cárcel de Ezeiza la explotación comercial de bienes que se encontraban alcanzados por embargos y decomisos judiciales, movilizando una suma estimada en más de 400 millones de pesos.

Durante una audiencia celebrada ante el juez Claudio Vázquez, el fiscal Julio Zárate formalizó la imputación contra Báez, su pareja Claudia Insaurralde y otras ocho personas. De acuerdo con la acusación, el detenido impartía directivas telefónicas desde su celda utilizando una línea del Servicio Penitenciario Federal, contando con Insaurralde y con su hombre de confianza, Cristian Sebastián Ibáñez —alias “Budín”—, como principales operadores externos para gestionar propiedades y repartir dinero.

Entre las pruebas recolectadas a lo largo de 27 allanamientos, los investigadores hallaron un contrato de alquiler por la estancia La Entrerriana a nombre de Ibáñez por dos millones de pesos mensuales, aunque las planillas secuestradas en la celda de Báez revelarían que nunca se abonó y acumuló una deuda de 12 millones. Asimismo, la firma Austral Agro figura en un acuerdo de capitalización de 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba, maniobra vinculada a transferencias por 26,2 millones de pesos realizadas entre abril y octubre de 2026 por Paula Godfrid y su hijo hacia Ibáñez, fondos que luego habrían sido distribuidos entre Insaurralde y Fausto Devetac.

La pesquisa también abarca escuchas sobre la presunta venta informal de 600 ovejas sin documentación y lana por un valor de 10.000 dólares, además de gestiones irregulares para cobrar alquileres de cuatro departamentos en Río Gallegos cuyos derechos ya habían sido decomisados y transferidos a la Corte Suprema.

El expediente judicial examina además el uso clandestino de camiones y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones. En julio de 2025, las fuerzas de seguridad interceptaron dos vehículos que trasladaban estructuras metálicas y equipos desmantelados —uno de ellos conducido por el imputado Pablo Toledo—, mientras que un camión Scania volvió a ser detectado en septiembre de 2026 y finalmente secuestrado en Guer Aike cuando circulaba con un chofer que portaba una licencia apócrifa.

Por su parte, desde el entorno de Lázaro Báez aseguraron que fue la propia Justicia la que le solicitó designar curadores para administrar los bienes que permanecen activos y sostuvieron que todas las operaciones comerciales cuestionadas se encuentran debidamente facturadas.

Radio Mitre