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Nacionales

Axel Kicillof denunciará a Javier Milei y Luis Caputo por la falta de fondos para prevenir inundaciones

El gobierno bonaerense anunció que llevará a la Justicia al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. La denuncia apuntará a una presunta malversación de fondos y al incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la falta de ejecución de recursos destinados a obras para prevenir inundaciones.

El ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en La Plata. Según planteó, el Fondo Hídrico cuenta con $339.993 millones que no se volcaron a trabajos hidráulicos. El funcionario acusó a la Nación de desviar dinero a operaciones financieras en lugar de atender las necesidades de infraestructura.

Katopodis afirmó que el fondo recibe el 4,31% de los impuestos a los combustibles y sostuvo que el Estado nacional utiliza apenas uno de cada tres pesos disponibles. Aseguró que esos recursos deben financiar obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas, y reclamó que se cumpla con el destino previsto por ley.

El ministro advirtió, además, sobre el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en los próximos meses. “Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy, pero muy grave”, alertó. En ese contexto, la Provincia vincula la falta de obras con un mayor riesgo ante lluvias intensas.

Otro eje del planteo son los préstamos internacionales que Buenos Aires espera para avanzar con proyectos hidráulicos. Katopodis contrastó esa demora con los avales otorgados a otras diez provincias para 18 créditos, por un total de 1.973 millones de dólares. Entre las iniciativas pendientes mencionó trabajos en las cuencas San Francisco-Las Piedras y del río Salado.

También señaló que sigue sin ejecutarse un financiamiento de 200 millones de dólares del Banco Mundial destinado a prevenir inundaciones. En sus redes, afirmó que créditos aprobados en 2023 para ese objetivo se usaron para refinanciar deuda. Según su publicación, los fondos permitirían realizar obras en los ríos Areco y Luján y reconstruir el canal Maldonado, en Bahía Blanca.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia ordenó la liquidación de la empresa vinculada a Lázaro Báez que seguía operando desde la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro, sociedad ligada a Lázaro Báez que seguía en actividad mientras el empresario estaba preso. La resolución responde a un planteo del Ministerio Público Fiscal y busca destinar el valor de la firma y sus bienes al pago de sanciones económicas pendientes.

La composición accionaria registrada asigna el 70% de la compañía a Lázaro Báez y el 30% restante a su hijo Martín. Según consta en el expediente, ambos acumulan deudas derivadas de condenas firmes: al empresario se le atribuyen más de 329 millones de dólares y a Martín, una cifra que supera los 274 millones.

Para ejecutar la medida, el tribunal resolvió que las acciones sean anotadas de manera provisoria a nombre del Estado nacional. También requirió la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que quedará a cargo del manejo operativo de Austral Agro y de la administración de los recursos que produzca.

La resolución incluye un relevamiento del valor de la empresa y de la totalidad de sus activos. Peritos de la Corte Suprema deberán realizar esa evaluación y entregar sus conclusiones dentro de diez días hábiles. El propósito es establecer qué bienes pueden convertirse en fondos para cubrir, al menos parcialmente, las obligaciones económicas pendientes.

Creada por la familia Báez para operar en el sector ganadero, Austral Agro llegó a reunir numerosas estancias en Santa Cruz. Pese a las medidas judiciales que afectaron el patrimonio del empresario, la firma habría mantenido explotaciones rurales: una investigación sostiene que administraba al menos diez campos, trabajados mediante acuerdos de arrendamiento.

En procedimientos recientes realizados en la provincia, los investigadores incautaron documentación que, según el expediente, registraría ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos por esas operaciones. Ese material forma parte de las actuaciones que buscan precisar cómo funcionaba la estructura y quiénes gestionaban sus bienes y recursos mientras Báez cumplía su condena.

Radio Mitre

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