El Gobierno nacional promueve en el Senado el tratamiento del proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una reforma orientada a modificar la ley vigente desde diciembre de 2025 que tiene como objetivo principal el impulsar la formalización de capitales.

La iniciativa surgió tras sucesivos reclamos de contadores y tributaristas al ministro de Economía Luis Caputo, señalando la necesidad de introducir correcciones operativas para generar confianza en los contribuyentes y acelerar la reactivación económica.

Entre las modificaciones centrales, la norma permite la incorporación al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) de los grandes contribuyentes con ingresos superiores a $1.000 millones o patrimonios mayores a $10.000 millones, aunque sin los beneficios de tapón fiscal.

En materia de fiscalización, se redefinió la “discrepancia significativa”, estableciendo que las diferencias del 15% o más entre lo declarado y los datos del fisco no serán consideradas tales si el monto no supera los $5 millones.

Asimismo, la brecha de discrepancia pasará a calcularse sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, otorgando además un plazo de 15 días tras una notificación de oficio para abonar la diferencia manteniendo las garantías del régimen.

En relación con la operatividad del blanqueo, la propuesta reduce los requerimientos de reporte ante la ARCA, eximiendo al contribuyente de la necesidad de declarar consumos o patrimonio inicial y final salvo en la última presentación de Bienes Personales.

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