La fiscalía les endilga ofrecer falsos planes sociales a cambio de sumas de dinero. El juez difirió la resolución sobre la medida coercitiva.

El Dr. Mauricio Abramczuk, de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, solicitó al juez Sergio Mario Guillet que dicte la prisión preventiva en contra de Mariana Guadalupe Lastra y Ana Belén Carrizo, a quienes les endilga el delito de estafa, por el que fueron detenidas el 13 de julio del corriente año durante un procedimiento policial.

De acuerdo a lo manifestado por el acusador oficial las mujeres ofrecían en un grupo de compras y venta -de la red social Facebook- conseguir planes sociales a cambio de sumas de dinero. Tal ofrecimiento fue detectado por efectivos de la División Ciberdelitos mientras realizaban un «patrullaje virtual», y dieron inmediata intervención a la Justicia.

Se procedió a la identificación de una de las mujeres como Mariana Guadalupe Lastra, a quien se citó para que se presente en sede de Delitos Comunes, y luego quedó oficialmente detenida por orden del juez de turno.

Detienen a la otra acusada

Duranta la misma jornada, personal policial fue alertado por un hombre respecto de que una mujer, a la que luego se identificó como Ana Belén Carrizo, le había ofrecido ser beneficiario de un plan social, a cambio de lo cual le solicitó una suma de dinero. De ello se dio intervención a la fiscalía y se dispuso que la mujer quede privada de la libertad.

En la audiencia ante el juez Guillet el fiscal requirió dictar la prisión preventiva para ambas imputadas, argumentando la vigencia de los peligros procesales, ya que era necesario efectuar diversas medidas procesales, entre ellas la extracción y análisis de datos de los teléfonos celulares de las mujeres detenidas.

El Dr. Abramczuk advirtió además sobre la importancia de acceder a las conversaciones entre Lastra y Carrizo, y reveló que aún resta incorporar el informe de la billetera virtual y plataforma de pagos digitales Mercado Pago, lo cual aseveró que es de relevancia para la investigación.

A su turno, la abogada Aída Farrán Serlé, defensora de Carrizo, se opuso al pedido del fiscal y pidió excarcelar a su clienta, por considerar inexistentes los peligros procesales ya que la imputada de ninguna manera puede interferir en las pericias a los teléfonos celulares que fueron secuestrados y están en poder de la fiscalía.

En forma subsidiaria la letrada pidió conceder a Carrizo la prisión domiciliaria, señalando que esta es madre de dos menores que presentan diferentes problemas de salud, a la vez de informar que la imputada solo cuenta con un ingreso mensual calculado en 200 mil pesos.

El juez Guillet concedió la prisión domiciliaria a Carrizo con severas medidas restrictivas y difirió la resolución en relación al pedido de prisión preventiva que impulsó el fiscal.