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Nacionales

El Gobierno retuvo US$ 3.000 millones de fondos para obras públicas: fueron destinados al plan de “déficit cero”

El poder Ejecutivo nacional del Gobierno acumuló un abultado superávit cercano a los 3.000 millones de dólares mediante la sistemática retención de partidas presupuestarias destinadas originalmente a la obra pública. Bajo la conducción del presidente Javier Milei, estos multimillonarios recursos provenientes de diversos fondos fiduciarios resultaron reasignados mayoritariamente hacia la adquisición de distintos instrumentos financieros, priorizando el estricto objetivo del equilibrio fiscal por sobre la ejecución efectiva de obras de infraestructura básica.

Los balances y planillas presupuestarias oficiales de la Jefatura de Gabinete revelan que los fideicomisos estatales aún vigentes recaudaron más de 8,2 billones de pesos, registrando marcados saldos positivos en las cuentas públicas.

Esta estrategia económica reflejó una pronunciada subejecución presupuestaria, la cual alcanzó un nivel superior al 55% en 2024, rozó el 70% durante el año 2025 y sostuvo exactamente esa misma línea de conducta durante todo el primer trimestre de 2026.

Esta severa restricción de recursos perjudicó de forma directa la realización de importantes proyectos viales e hídricos en todo el país. Entre los programas más golpeados se destaca el Fondo de Integración Socio Urbana, el cual sufrió un drástico recorte del 94% en sus transferencias.

Como consecuencia directa de esta suspensión de fondos, quedaron completamente paralizados 636 proyectos de viviendas y servicios esenciales en barrios populares.

En lugar de conservar los activos acumulados en el Banco Nación, las autoridades del Ministerio de Economía decidieron volcar los saldos excedentes hacia la compra de bonos, letras y títulos públicos. De esta manera, la colocación en deuda elevó la liquidez del Tesoro pero relegó las vitales tareas de mantenimiento de rutas y saneamiento básico en provincias y municipios.

Radio Mitre

Nacionales

Causa Vialidad: la Cámara de Casación rechazó el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de bienes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner, junto con los de las sociedades Hotesur y Los Sauces, para intentar frenar el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad. La decisión fue tomada por unanimidad y cerró la posibilidad de que los planteos lleguen a la Corte Suprema por esta vía.

La discusión se enmarca en la ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Kirchner, cuya sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025. La expresidenta recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El monto actualizado del decomiso alcanza los $684.990 millones.

Los hijos de la expresidenta habían solicitado suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente vinculada con el decomiso. Entre sus argumentos, sostuvieron que se avanzaba sobre el patrimonio de personas que no habían sido condenadas y cuestionaron que no se les concediera una suspensión similar a la otorgada en otro expediente civil.

Por su parte, Hotesur y Los Sauces pidieron intervenir en el procedimiento para defender sus bienes. Ambas sociedades tienen 13 inmuebles embargados por orden del Tribunal Oral Federal N° 2, que lleva adelante la ejecución de la sentencia.

Los planteos ya habían sido rechazados por Casación el 8 de octubre. Luego, los recurrentes presentaron recursos extraordinarios para intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema.

En sus presentaciones, Máximo y Florencia Kirchner y las sociedades denunciaron arbitrariedad y sostuvieron que se habían vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, defensa en juicio y propiedad. También solicitaron una medida cautelar para suspender la ejecución del decomiso sobre sus bienes.

Radio Mitre

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