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Nacionales

La Justicia ordenó el embargo del departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Un tribunal federal ordenó embargar el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 para garantizar el cumplimiento de la sentencia. La resolución abre una nueva etapa de ejecución sobre el patrimonio condenado, por decisión del tribunal.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso ordenaron embargos preventivos sobre inmuebles, vehículos y participaciones societarias. La medida no implica un remate inmediato ni modifica la titularidad, pero establece su indisponibilidad jurídica para impedir transferencias.

Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111 del Complejo Madero Center: un dúplex, siete cocheras, otro departamento y una baulera. En total, esta segunda etapa comprende 144 bienes, además de paquetes accionarios y fondos retenidos, entre ellos más de US$5 millones depositados en el Banco Galicia.

La primera etapa había incluido 111 inmuebles. En noviembre, el tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, 85 relacionadas con Lázaro Báez y otras seis pertenecientes a distintos condenados. Ese paquete fue elevado a la Corte Suprema.

Cristina Fernández de Kirchner presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Allí cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El trámite internacional no suspende la condena ni modifica la prisión domiciliaria. En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal había avalado el criterio del TOF 2 sobre la ejecución patrimonial.

Radio Mitre

Nacionales

Patricia Bullrich cuestionó a la jueza que frenó la ley penal juvenil en Buenos Aires: “No le corresponde decidir”

Patricia Bullrich cuestionó la decisión judicial que suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y defendió la imputabilidad desde los 14 años. La dirigente sostuvo que la jueza provincial no puede intervenir sobre una ley nacional.

Patricia Bullrich cuestionó la decisión judicial que suspendió la aplicación de la ley de imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires y consideró que la magistrada actuó fuera de sus atribuciones. La senadora defendió la norma y responsabilizó al gobierno bonaerense por no haber preparado los dispositivos necesarios durante el tiempo que tuvo para hacerlo.

Durante una entrevista en TN, Bullrich sostuvo que el Congreso actuó con prudencia al aprobar el régimen. “Nosotros fuimos muy prudentes cuando votamos la ley de imputabilidad a los 14 años, algo absolutamente necesario en la Argentina para que aquel que delinque tenga consecuencias y además pueda salir del delito”, afirmó.

La dirigente también cuestionó que la Justicia provincial intervenga sobre una norma nacional y aseguró: “La jueza de la provincia de Buenos Aires no tiene control de constitucionalidad, capacidad de decidir sobre una ley nacional. No le corresponde decidir”.

Bullrich rechazó además los argumentos vinculados con la falta de recursos y sostuvo que el Estado debe asumir la responsabilidad frente a la sociedad. Según planteó, la suspensión puede permitir que algunos menores recuperen la libertad y mantener situaciones de impunidad. “Sigue la puerta giratoria”, advirtió.

Durante la entrevista, Bullrich también se refirió al reclamo argentino por las Islas Malvinas y cuestionó declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la capacidad militar del país frente al Reino Unido. Según la senadora, ese tipo de afirmaciones “le da información a un adversario”.

Radio Mitre

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