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Nacionales

El Gobierno analiza excluir a los funcionarios de la Inocencia Fiscal para destrabar el dictamen en Diputados

El Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para conseguir el dictamen sobre el régimen de Inocencia Fiscal y evalúa excluir a funcionarios públicos del beneficio. Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal tendrán un plenario el miércoles por la mañana; la Casa Rosada apunta a que la sesión que trate el tema sea el 26 de agosto, junto a reformas.

La necesidad de aceptar cambios responde a resistencias internas: bloques aliados reclamaron límites después del escándalo por Manuel Adorni y Bettina Angeletti, que reconocieron tener dólares no declarados y solicitaron incorporarse al régimen simplificado durante una investigación por enriquecimiento. El antecedente elevó la cautela entre legisladores que exigen reglas más precisas.

Desde el oficialismo admiten que la idea de excluir a funcionarios de las tres ramas “se está considerando, pero nada aún definido sobre el contenido”, según una fuente que sigue las conversaciones en ambas cámaras. El objetivo político es asegurarse los apoyos necesarios para que el proyecto avance sin que el episodio Adorni vuelva a condicionar la discusión.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anticipó que se estudia incorporar la restricción y defendió el enfoque en un encuentro con empresarios: “No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor”. Las modificaciones siguen en negociación.

El proyecto propone eliminar los topes actuales y abrir el acceso para todas las personas residentes, sin distinción de patrimonio ni ingresos. Los Grandes Contribuyentes podrán optar por una “modalidad simplificada” que agiliza la liquidación del impuesto, pero quedarían fuera de las presunciones y otros beneficios del régimen de Inocencia Fiscal.

Además, se redefine qué constituye una “discrepancia significativa” para que la AFIP pueda cuestionar la exactitud de declaraciones. Se habilita la presentación de una declaración jurada rectificativa con pago de la diferencia y se incorpora un mecanismo de reintegro acelerado para situaciones en que la Justicia restituya la presunción de exactitud, con la intención de dar mayor seguridad jurídica.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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