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La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir sin autorización del país en medio de su causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia ordenó que Manuel Adorni deba pedir autorización judicial antes de salir del país, una medida dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de la primera restricción procesal vinculada a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe de Gabinete.

Fuentes judiciales aclararon que no se impuso una prohibición absoluta: el tribunal aceptó el ofrecimiento de Adorni de avisar ante cualquier viaje al exterior. Su abogado, Matías Ledesma, le comunicó al juez que no tenía previsto viajar. Pollicita descartó riesgo de fuga o necesidad de detención en esta etapa y negó que hubiera entorpecimiento.

El caso se alimentó con la declaración del contratista Matías Tabar, quien dijo que Manuel Adorni aportó 245 mil dólares en efectivo para las refacciones de una vivienda en Indio Cua. La compra de esa casa se escrituró por US$ 120.000 y no había sido incluida en la declaración jurada presentada en 2024, según la pesquisa.

La investigación detalló la operatoria: US$ 20.000 aportados por Adorni y su esposa, y US$ 100.000 financiados mediante un préstamo en efectivo por Graciela Molina y su hija Victoria Cancio. Tiempo después el exfuncionario abonó US$ 30.000; resta cancelar US$ 70.000 más un interés del 11% antes de noviembre, según consta en la causa.

La exempleada Gisela Kocsis ratificó compras realizadas para el domicilio de Indio Cua y contó que en mayo de 2025 gestionó electrodomésticos por 3.100.000 pesos que pagó con su tarjeta y luego le fueron reintegrados en efectivo por el ahora investigado. También figuran refacciones y muebles para un departamento por más de US$ 255.000.

Un informe sobre tarjetas a nombre de Adorni detectó gastos por $139 millones en dos años y cuatro meses, un promedio mensual de entre 4 y casi 6 millones, muy por encima de su salario formal de unos $3,5 millones. La inhibición fue pedida por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno reúne a la mesa política por las Islas Malvinas: se sumarán Pablo Quirno y Carlos Presti

El Gobierno reunirá este martes a la mesa política para definir la estrategia legislativa sobre Malvinas y analizar los avances en Defensa y Cancillería. Pablo Quirno y Carlos Presti participarán por primera vez del encuentro.

El Gobierno convocó para este martes a las 13 a la mesa política en la Casa Rosada para analizar las medidas sobre Malvinas que Javier Milei anunció en cadena nacional. Por primera vez, el encuentro sumará al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti, quienes deberán presentar los avances de sus respectivas áreas.

La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos coordinar el envío y tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. Además, el oficialismo definirá la estrategia para trabajar en las comisiones y negociar con bloques aliados y opositores.

La iniciativa del Ejecutivo plantea tres ejes principales: endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas y proveedores que operen sin autorización en las islas, incluso con la posibilidad de aplicar un juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y sumar herramientas diplomáticas y económicas.

Carlos Presti expondrá sobre la planificación y el financiamiento de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Milei ya reasignó US$142 millones del presupuesto para la obra, aunque fuentes oficiales estimaron que el costo total podría alcanzar entre US$400 y US$500 millones. El Gobierno deberá definir cómo financiará el monto restante.

Por su parte, Pablo Quirno informará sobre las sanciones a empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. Según el canciller, unas 180 compañías recibieron avisos para elegir entre continuar sus operaciones en las islas o afrontar medidas en la Argentina. Además, el Ejecutivo inició procedimientos contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Radio Mitre

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