La Justicia ordenó que Manuel Adorni deba pedir autorización judicial antes de salir del país, una medida dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de la primera restricción procesal vinculada a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe de Gabinete.

Fuentes judiciales aclararon que no se impuso una prohibición absoluta: el tribunal aceptó el ofrecimiento de Adorni de avisar ante cualquier viaje al exterior. Su abogado, Matías Ledesma, le comunicó al juez que no tenía previsto viajar. Pollicita descartó riesgo de fuga o necesidad de detención en esta etapa y negó que hubiera entorpecimiento.

El caso se alimentó con la declaración del contratista Matías Tabar, quien dijo que Manuel Adorni aportó 245 mil dólares en efectivo para las refacciones de una vivienda en Indio Cua. La compra de esa casa se escrituró por US$ 120.000 y no había sido incluida en la declaración jurada presentada en 2024, según la pesquisa.

La investigación detalló la operatoria: US$ 20.000 aportados por Adorni y su esposa, y US$ 100.000 financiados mediante un préstamo en efectivo por Graciela Molina y su hija Victoria Cancio. Tiempo después el exfuncionario abonó US$ 30.000; resta cancelar US$ 70.000 más un interés del 11% antes de noviembre, según consta en la causa.

La exempleada Gisela Kocsis ratificó compras realizadas para el domicilio de Indio Cua y contó que en mayo de 2025 gestionó electrodomésticos por 3.100.000 pesos que pagó con su tarjeta y luego le fueron reintegrados en efectivo por el ahora investigado. También figuran refacciones y muebles para un departamento por más de US$ 255.000.

Un informe sobre tarjetas a nombre de Adorni detectó gastos por $139 millones en dos años y cuatro meses, un promedio mensual de entre 4 y casi 6 millones, muy por encima de su salario formal de unos $3,5 millones. La inhibición fue pedida por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón.

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