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Abogado defensor niega estafas y asegura que la crisis de North Trading Solutions es “comercial, no penal”

El letrado detalló cómo la empresa se financió durante años con adelantos y cheques, hasta que la crisis económica nacional impactó de lleno en su operatoria. También denunció amenazas y presiones de algunos acreedores, y pidió que el conflicto se resuelva por la vía civil y no penal.

Diego Lindow

El abogado del empresario bandeño Fernández, titular de la firma North Trading Solutions S.R.L., salió al cruce de las denuncias por presuntas estafas multimillonarias en la venta de ganado. En declaraciones a Santiago News, sostuvo que la situación responde a una crisis financiera prolongada y no a maniobras delictivas. “Aquí no hay estafa ni engaño, es una operación comercial de una empresa que venía mal y terminó mal”, afirmó.

El Dr. Diego Lindow, a cargo de la defensa de Fernández, explicó que la compañía, con más de 25 años de trayectoria en la provincia, atravesaba serias dificultades económicas desde hace dos o tres años, en un contexto nacional de caída de precios y aumento de costos. Según detalló, la firma se financiaba con adelantos de consignatarios y cheques descontados en bancos y financieras, hasta que recientemente se produjo el primer rechazo de un documento. “Una empresa que durante 25 años nunca tuvo un cheque rechazado no puede ser señalada de estafadora por su primer traspié”, remarcó.

En ese marco, cuestionó la decisión de los denunciantes de acudir a la vía penal en lugar de la civil. “Se busca mediatizar la situación, generar miedo y presionar para que se venda la casa y se pague. Esto no es un delito, es una deuda reconocida en operaciones en blanco, con cheques, facturas y documentos electrónicos”, señaló. Para el abogado, la estrategia apunta a “acortar el camino” y forzar pagos inmediatos.

El defensor también subrayó que la empresa no desconoce sus obligaciones y que la única salida posible es continuar trabajando para generar recursos. “No cualquier deuda es un delito. La intención de pago existe, pero muchas veces no alcanza si no hay recursos. La familia Fernández es gente honorable, signada por el trabajo, que no se ha quedado con dinero ilícito ni ha hecho gastos fuera de lo común”, aseguró.

Asimismo, denunció que algunos acreedores habrían incurrido en amenazas y actos de violencia. “Tenemos constataciones notariales de amenazas de muerte y secuestro, y de intentos de ingresar sin autorización al predio de la empresa para llevarse camiones y bienes. Estamos formalizando denuncias penales contra esas personas”, reveló. Según el abogado, estas acciones buscan “cobrarse por mano propia” y agravan el conflicto.

El profesional insistió en que la vía adecuada es la negociación y la refinanciación de la deuda. “Si una persona no tiene, por más que la quieras meter presa, no te va a pagar. Lo correcto sería sentarse, acordar un cronograma y seguir trabajando. Los denunciantes venían operando con la empresa desde hace años, con historia de cumplimientos. No se puede desconocer eso por un incumplimiento puntual”, argumentó.

Finalmente, el abogado se mostró confiado en que la compañía podrá superar la crisis. “North Trading sigue trabajando, buscando financiamiento para continuar con la operatoria y cumplir con sus obligaciones. Es una familia que no rehúye sus responsabilidades y que apuesta a salir adelante con esfuerzo y transparencia. Lo que se pretende instalar como estafa es, en realidad, una deuda comercial en un contexto económico adverso”, concluyó.

Judiciales

Nueva Ley Penal Juvenil: baja la edad de imputabilidad y fija un máximo de 15 años de prisión para menores

Entró en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años y fija un máximo de 15 años de prisión para delitos graves. El Dr. Diego Lindow explicó los alcances de la norma y destacó que Santiago del Estero cuenta con jueces especializados en minoridad.

El pasado 5 de septiembre entró en vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que reemplaza al antiguo Régimen Penal de la Minoridad y establece cambios sustanciales en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes. El Dr. Diego Lindow explicó los principales puntos de la norma y cómo impactará en la justicia provincial.

Uno de los cambios más relevantes es la baja en la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años. A partir de esa edad, los menores pueden ser responsabilizados penalmente por distintos delitos, aunque la ley establece un sistema diferenciado según la gravedad de las conductas.

Para los delitos menores, cuya pena no supera los tres años de prisión, los jueces deberán aplicar medidas alternativas a la detención, como amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima o restricciones de circulación. En los casos de delitos con penas de entre tres y diez años, se prevé que los magistrados puedan optar también por medidas alternativas, siempre que no haya daños graves a la salud o uso de violencia física significativa.

En los delitos más graves, la ley sí contempla la privación de libertad, pero con condiciones específicas: los menores nunca compartirán lugares de detención con adultos y el límite máximo de pena será de 15 años de prisión, descartando la posibilidad de perpetua. “La norma busca siempre la resocialización y la reinserción social de los menores, con acompañamiento del Estado”, subrayó Lindow.

El especialista aclaró que la ley se aplica a jóvenes de 14 a 18 años. Una vez cumplida la mayoría de edad, los imputados responden como adultos bajo el Código Penal. “Un homicidio cometido a los 14 años no puede tener la misma consecuencia que si lo comete alguien de 20. El máximo para un menor es de 15 años, mientras que un adulto puede recibir hasta 25 años”, explicó.

En cuanto a la aplicación práctica, Lindow señaló que será necesario un análisis estadístico para determinar el impacto real, ya que los delitos graves cometidos por menores representan un porcentaje reducido. También mencionó que en Buenos Aires la norma fue suspendida por 60 días a través de un habeas corpus, aunque consideró que esa medida es una “injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo”.

Finalmente, destacó que Santiago del Estero es pionera en la materia, ya que cuenta con jueces especializados en minoridad y juzgados competentes para aplicar la nueva normativa. “Tenemos dos jueces de control y garantías con competencia en minoridad, lo que nos permite poner el foco en la problemática juvenil con herramientas específicas”, concluyó.

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