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Judiciales

Arrancan las indagatorias a los policías por la tragedia de avenida Lugones y Antenor Alvarez

Este martes comenzará la etapa clave de la causa penal que investiga la muerte de Sergio Gordillo y Johana Elizabeth Ibáñez, el matrimonio del barrio Belén que perdió la vida tras ser embestido por una combi de Infantería el pasado jueves 18 de junio. Los policías Jonathan Giménez y Nahuel Salto, quienes se trasladaban en el vehículo oficial, deberán presentarse a declarar en calidad de imputados.

Con las víctimas ya sepultadas el sábado en el cementerio La Piedad, la investigación avanza hacia la definición de responsabilidades. Todo indica que las pericias estarán a cargo de Gendarmería o la Policía Federal, aunque las primeras diligencias fueron realizadas por la policía provincial la misma noche del accidente, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Las familias de las víctimas se movieron rápido y contrataron abogados para representarlos: los Gordillo eligieron a Marcelo Castillo Gioya, mientras que los Ibáñez confiaron en Franklin Moyano. Ambos letrados ya trabajan en la estrategia judicial y esperan que la fiscalía notifique las imputaciones, que podrían ser por “homicidio simple con dolo eventual” o “homicidio culposo agravado” por tratarse de policías.

La tensión social también se hará sentir en las calles: los familiares de Johana Ibáñez adelantaron que este martes realizarán una marcha por justicia, reclamando que la tragedia no quede impune y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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