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Tras años de polémicas y revocaciones, la fiscal de Cámara Erika Leguizamón presentó su renuncia

Erika Leguizamón ya no es más fiscal de Cámara. La funcionaria, que ocupaba el cargo desde hace más de una década y era la única con esa jerarquía en toda la provincia, presentó su renuncia en las últimas horas. La noticia, que al principio circuló como un rumor entre los pasillos del Poder Judicial, se confirmó con un brindis y un homenaje que le realizaron sus pares. Sin embargo, detrás de la despedida cordial se esconde una gestión signada por la controversia.

Quienes la conocieron de cerca aseguran que Leguizamón manejaba las causas de abuso sexual con un estilo autoritario que generaba temor más que respeto. Según diversas fuentes consultadas por este medio, la fiscal solía maltratar a los profesionales que trabajaban en sus causas –médicos, psicólogos y asistentes sociales– a quienes les exigía informes con plazos imposibles y descalificaba sus dictámenes cuando no se ajustaban a su postura. «No admitía que le llevaran la contra», resumió un abogado que prefirió mantener el anonimato.

Pero el dato más llamativo es el que surge de los tribunales superiores: fuentes judiciales confiaron a este medio que a Leguizamón le revocaron muchos pedidos de prisiones preventivas a lo largo de su gestión. Es decir, las cámaras de apelaciones consideraban que sus decisiones eran excesivas o estaban mal fundadas, y dejaban en libertad a imputados que ella había mandado a la cárcel. «No es normal tener ese nivel de corrección», señaló un letrado con larga trayectoria en el fuero penal.

A pesar de todo, Leguizamón se mantuvo en el cargo aferrada a su silla durante años. Su renuncia, ahora sí, pone fin a una era de tensiones internas y decisiones judiciales que generaban incertidumbre. El Ministerio Público Fiscal aún no emitió un comunicado oficial ni anunció quién ocupará la vacante. Lo que queda, mientras tanto, es el legado polémico de la única fiscal de Cámara que tuvo la provincia.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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