La causa judicial que involucra a la firma UM Argentina comenzó a girar cada vez más alrededor de un elemento puntual: el contrato firmado entre el empresario cordobés Alejandro Martín Marchese y el fallecido financista Martín Maldonado, quien actuaba en representación de la sociedad.

Más allá del conflicto económico, el documento podría transformarse en una pieza central para definir responsabilidades civiles y eventualmente penales dentro del expediente que investiga la fiscal Victoria Ledesma. El motivo es simple: en casos de este tipo, la existencia de contratos escritos, pagarés y movimientos bancarios suele ser determinante para reconstruir la relación entre las partes y establecer si hubo una obligación válida incumplida o una maniobra fraudulenta.

¿Qué tipo de contrato es?

El documento suscripto entre las partes encuadra en lo que el Código Civil y Comercial define como “mutuo dinerario”, es decir, un préstamo de dinero mediante el cual una persona entrega una suma determinada y la otra asume el compromiso de devolverla en un plazo fijado y bajo ciertas condiciones.

En el contrato incorporado a la causa se establece un préstamo de 200.000 dólares, con devolución a 15 meses y un interés compensatorio del 30% anual. También se pactaron intereses punitorios en caso de mora y la emisión de pagarés como garantía del cumplimiento.

Desde el punto de vista jurídico, esto tiene una relevancia importante: no se trataría de una inversión informal basada únicamente en la confianza o acuerdos verbales, sino de una operatoria respaldada por documentación firmada y obligaciones concretas.

El punto que puede cambiar la causa

Uno de los debates centrales del expediente es si la deuda corresponde exclusivamente a Martín Maldonado como persona física o si compromete directamente a UM Argentina S.A.

El contrato podría inclinar esa discusión porque, según el texto, Maldonado habría actuado “en representación de UM Argentina S.A.”, es decir, como representante de la empresa y no a título personal.

En términos prácticos, eso significa que la obligación asumida podría alcanzar a la sociedad, aun después de la muerte de quien firmó el acuerdo. En derecho societario, las empresas continúan existiendo jurídicamente más allá de los cambios o fallecimientos de sus directivos, salvo situaciones excepcionales de disolución.

Por eso, la fiscalía probablemente deberá analizar si el dinero efectivamente ingresó al circuito de la firma, cómo se realizaron los pagos previos y cuál era el nivel de conocimiento o participación del resto de los socios.

Pagarés, garantías y posibles reclamos

Otro aspecto relevante son los pagarés mencionados en el contrato. El documento establece la entrega de un pagaré principal por el capital y otros quince vinculados a los intereses mensuales.

En términos jurídicos, los pagarés constituyen títulos ejecutivos, lo que significa que pueden habilitar acciones judiciales rápidas para reclamar el cobro, incluso por vías separadas de la causa penal.

Esto abre un escenario doble:

• por un lado, la investigación penal por presunta defraudación;
• y por otro, posibles acciones civiles o comerciales destinadas a recuperar el dinero.

Qué ocurre cuando muere quien firmó el acuerdo

La muerte de una de las partes no extingue automáticamente los contratos. En general, las obligaciones patrimoniales sobreviven y pasan a ser analizadas dentro de la sucesión o continúan siendo exigibles a la empresa si el firmante actuó en representación de ella.

En este caso, incluso existe una cláusula específica vinculada a fallecimiento y cesión de posición contractual, algo que para especialistas podría interpretarse como un intento de prever escenarios futuros y garantizar continuidad jurídica.

La discusión judicial estará centrada entonces en determinar quién debe responder por la deuda y si existió una estructura societaria real detrás de la operatoria o una administración exclusivamente personal de Maldonado.

La importancia de las pruebas documentales

En investigaciones de este tipo, la documentación suele tener un peso decisivo. Contratos, chats, transferencias bancarias, pagarés y cartas documento permiten reconstruir los vínculos comerciales y verificar si existió cumplimiento parcial de las obligaciones.

Por eso, la ampliación de denuncia presentada esta semana por Marchese y sus abogados aparece como un movimiento relevante dentro del expediente: no solo ratifica el reclamo económico, sino que incorpora elementos que podrían ayudar a la fiscalía a definir el alcance de las responsabilidades.

Un caso que excede a UM Argentina

Especialistas señalan que conflictos similares se repiten con frecuencia en esquemas de inversiones privadas, especialmente cuando las operaciones se manejan mediante contratos particulares y con fuerte dependencia de una figura central.

Cuando esa persona desaparece o fallece, comienzan las disputas sobre quién debe responder, qué bienes integran realmente el patrimonio de la empresa y hasta dónde alcanzan las obligaciones asumidas.

En ese marco, la causa UM Argentina podría transformarse en un caso testigo sobre el funcionamiento de este tipo de acuerdos financieros y el alcance legal de los compromisos firmados.