El reciente hallazgo de al menos tres perros envenenados en el barrio Almirante Brown, en el sur de la ciudad, volvió a poner en debate la vigencia y aplicación del derecho animal en la provincia. La noticia generó indignación entre vecinos y organizaciones proteccionistas, y motivó la intervención de especialistas que recordaron que el maltrato animal es un delito tipificado y que recibe el mismo tratamiento que cualquier otro ilícito.

La abogada y proteccionista entrevistada explicó que, ante hechos de este tipo, corresponde realizar una denuncia penal en una comisaría o fiscalía, lo que da lugar a la intervención del fiscal de turno. “Los delitos que se refieren al maltrato animal tienen el mismo tratamiento que cualquier otro tipo de delito. Se inicia una investigación y se recibe el mismo procedimiento que prevé nuestro Código de Procedimientos”, señaló.

La profesional recordó que la normativa vigente es la conocida como Ley Sarmiento, reformada años atrás, que establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes resulten responsables de actos de crueldad o maltrato animal. “Son delitos excarcelables, por eso es difícil que los autores queden detenidos de inmediato. Pero si se comprueba la autoría, pueden recibir una condena dentro de ese rango de pena”, explicó.

El caso de los perros envenenados en Almirante Brown se suma a otros episodios registrados en barrios de la capital y en ciudades como La Banda, donde vecinos denunciaron prácticas similares. La abogada advirtió que, aunque existe una creciente conciencia social respecto del cuidado animal, todavía persisten sectores que actúan con violencia y sin empatía hacia los animales.

La especialista subrayó que, como en cualquier otro delito, la investigación depende de las pruebas que se aporten. Cámaras de seguridad, testimonios de vecinos o antecedentes de amenazas contra los animales pueden ser claves para identificar a los responsables. “Todo lo que sirva para probar que efectivamente los animales recibieron la muerte es útil para esclarecer la verdad de los hechos”, indicó.

En este sentido, la abogada insistió en que los delitos de maltrato animal son de acción pública, lo que significa que cualquier persona puede denunciarlos, sin necesidad de ser el dueño del animal o pertenecer a una ONG. “Si yo me entero y me sensibiliza el tema, puedo ir a hacer una denuncia y un fiscal está obligado a investigarlo”, remarcó.

El envenenamiento de los perros en Almirante Brown no solo expone la vulnerabilidad de los animales callejeros, sino también la necesidad de reforzar la educación y la conciencia ciudadana sobre el respeto a la vida animal. La abogada concluyó que la aplicación de la ley y la participación activa de la comunidad son fundamentales para frenar estas prácticas y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.