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Nacionales

Una ONG denunció penalmente a la jueza que suspendió la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Una ONG presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual tras la suspensión de la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Usina de Justicia acusó a la magistrada de usurpación funcional y abuso de autoridad y pidió intervenir en el habeas corpus.

La organización, que se presentó como amicus curiae, también formuló en otro expediente una denuncia penal por usurpación funcional y abuso de autoridad. El recurso fue tramitado en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, expediente 40881-HC, según la presentación oficial y pidió audiencias públicas.

Usina de Justicia, fundada por la doctora Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo, sostuvo que la presentación busca incorporar la perspectiva de las víctimas. El trámite lo encabezó Fernando Oscar Soto con el patrocinio del abogado Martín Luis Sarubbi; pidieron que se escuche a familiares afectados por delitos.

La magistrada dispuso una medida preventiva por 60 días que deja sin efecto, de manera temporal, la aplicación de la Ley 27.801, la Ley Penal Juvenil, en territorio bonaerense. Además convocó a una audiencia el 16 de septiembre para que funcionarios informen sobre los recursos y planes de implementación; la ONG pidió participar.

Usina cuestionó que la suspensión se apoyara en una hipótesis futura sobre mayor internación y condiciones de alojamiento, sin acreditar un perjuicio actual que justificara la medida. Advirtió además que la ley contempla herramientas distintas a la prisión: medidas educativas, seguimiento, servicios comunitarios y reparación integral, que no fueron analizadas integralmente.

La jueza Marta Elba Pascual defendió su fallo y aclaró que no romanticiza a los menores armados: «Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma», dijo, y agregó que «con esta ley no les vamos a dar seguridad». Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno reúne a la mesa política por las Islas Malvinas: se sumarán Pablo Quirno y Carlos Presti

El Gobierno reunirá este martes a la mesa política para definir la estrategia legislativa sobre Malvinas y analizar los avances en Defensa y Cancillería. Pablo Quirno y Carlos Presti participarán por primera vez del encuentro.

El Gobierno convocó para este martes a las 13 a la mesa política en la Casa Rosada para analizar las medidas sobre Malvinas que Javier Milei anunció en cadena nacional. Por primera vez, el encuentro sumará al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti, quienes deberán presentar los avances de sus respectivas áreas.

La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos coordinar el envío y tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. Además, el oficialismo definirá la estrategia para trabajar en las comisiones y negociar con bloques aliados y opositores.

La iniciativa del Ejecutivo plantea tres ejes principales: endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas y proveedores que operen sin autorización en las islas, incluso con la posibilidad de aplicar un juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y sumar herramientas diplomáticas y económicas.

Carlos Presti expondrá sobre la planificación y el financiamiento de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Milei ya reasignó US$142 millones del presupuesto para la obra, aunque fuentes oficiales estimaron que el costo total podría alcanzar entre US$400 y US$500 millones. El Gobierno deberá definir cómo financiará el monto restante.

Por su parte, Pablo Quirno informará sobre las sanciones a empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. Según el canciller, unas 180 compañías recibieron avisos para elegir entre continuar sus operaciones en las islas o afrontar medidas en la Argentina. Además, el Ejecutivo inició procedimientos contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Radio Mitre

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