En el marco de la causa que investiga a dirigentes de la AFA, el juez federal Sebastián Argibay resolvió declararse incompetente y enviar el expediente a la Justicia federal de Campana, en una decisión adoptada antes de ser notificado formalmente de su apartamiento del caso.

La resolución se conoció en paralelo al fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que hizo lugar a la recusación impulsada por el fiscal interviniente. Sin embargo, según fuentes judiciales, al momento de firmar su decisión, el juzgado de Argibay no había recibido aún la notificación oficial de esa medida, por lo que mantenía plenamente sus facultades jurisdiccionales.

Rechazo a las detenciones y traslado del expediente

En su resolución, el magistrado desestimó el pedido del fiscal Pedro Simón, quien había solicitado la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos.

Argibay sostuvo que el planteo fiscal no presentaba un hecho concreto y verificable que habilitara el avance de la acción penal, al considerar que la hipótesis estaba formulada de manera “genérica” y sin la precisión necesaria para sustentar una imputación.

En ese contexto, además de rechazar las medidas solicitadas, resolvió que el caso debía continuar en otra jurisdicción, al entender que el eventual perjuicio investigado tendría como eje a la AFA, con domicilio fuera de Santiago del Estero.

La particularidad del caso radica en la superposición de decisiones. Mientras la Cámara avanzaba con el apartamiento del juez, el magistrado firmaba una resolución de fondo dentro del expediente.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la falta de notificación formal al momento de dictar el fallo resulta un elemento relevante, ya que, en términos legales, el juez conservaba competencia para resolver sobre la causa hasta tanto la medida superior fuera debidamente comunicada.

Por lo tanto tal como lo indica el Articulo 62 del código procesal penal de la nación se establece que, aun cuando un juez sea recusado, puede continuar interviniendo en la causa mientras no exista una resolución firme que lo aparte y, fundamentalmente, mientras no haya sido notificado formalmente de esa decisión.

En ese sentido, la normativa prevé que, si posteriormente se hace lugar a la recusación, las actuaciones realizadas en ese período solo podrían ser declaradas nulas si la parte que promovió el apartamiento, en este caso el fiscal, lo solicita en el momento procesal correspondiente.

Con el apartamiento ya dispuesto, el expediente continuará su curso bajo la órbita de otro juzgado, en un proceso que aún se encuentra en etapa preliminar y que podría sumar nuevas definiciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, la decisión adoptada por Argibay se integra al expediente como parte de las actuaciones realizadas en el marco de sus atribuciones, en un escenario judicial que permanece abierto.