Judiciales

Causa AFA: Piden la detención de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino

Un dictamen judicial encendió alarmas en el fútbol argentino y abrió un escenario de alta tensión institucional: el fiscal federal santiagueño Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.

La presentación, de fuerte impacto político y deportivo, sostiene que ambos dirigentes integrarían una estructura que habría operado con fines ilícitos dentro de la conducción del fútbol argentino. Según el fiscal, existirían indicios de “asociación ilícita” y “lavado de activos”, vinculados al manejo de importantes sumas de dinero cuyo destino no estaría debidamente justificado.

Una acusación que sacude al fútbol argentino.

En el documento, Simón plantea que la AFA funcionaría como una “máquina de generar millones” bajo una lógica que —según su hipótesis— podría encuadrarse dentro de una organización con características delictivas. La acusación apunta directamente al núcleo de poder de la entidad, lo que eleva la gravedad del planteo.

De acuerdo a lo trascendido, el fiscal considera que durante la actual gestión se habrían producido movimientos financieros relevantes, tanto en pesos como en moneda extranjera, que ahora son objeto de análisis judicial. El foco está puesto en reconstruir circuitos de dinero y determinar eventuales responsabilidades.

El caso pasa a manos de la Justicia federal

El dictamen deberá ser evaluado por un juez federal subrogante con asiento en Tucumán, debido a que el magistrado santiagueño que debía intervenir se encuentra de licencia. Será esa instancia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas solicitadas por el fiscal.

En este contexto, la resolución que adopte la Justicia podría marcar un punto de inflexión en la causa, ya que definirá si el proceso escala hacia medidas más severas o si, por el contrario, se requieren nuevas instancias probatorias antes de cualquier decisión.

Hasta ahora, la conducción de la AFA venía atravesando distintos frentes de tensión en el ámbito político y judicial, pero el dictamen de Simón introduce un nuevo factor de incertidumbre. A diferencia de otras disputas, esta presentación apunta directamente a la estructura interna de la entidad y a sus máximas autoridades.

El impacto del planteo no solo se limita al plano judicial, sino que también podría tener repercusiones institucionales dentro del fútbol argentino, donde Tapia mantiene una posición de fuerte liderazgo.

Un escenario abierto

Con el expediente en manos de la Justicia federal, se abre una etapa clave para el futuro de la investigación. Mientras tanto, el dictamen ya genera repercusiones y pone bajo la lupa el funcionamiento de una de las instituciones más influyentes del país.

Por ahora, no hay definiciones judiciales firmes, pero el caso promete escalar en los próximos días, a medida que se conozcan nuevas actuaciones y posibles respuestas de las partes involucradas.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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