El Senado sesionará este jueves desde las 14 para debatir una reforma de la Ley de Salud Mental que modifica los controles sobre las internaciones y suma nuevas disposiciones para los tratamientos. La agenda también incluye un régimen de incentivos para grandes inversiones, una regulación sobre créditos de carbono y una propuesta para invitar al papa León XIV al Congreso.

El Senado sesionará este jueves desde las 14 para debatir una reforma de la Ley de Salud Mental. Los titulares de los bloques definieron el temario durante la reunión de Labor Parlamentaria, que también incorporó un régimen de beneficios para grandes inversiones y una propuesta para invitar al papa León XIV a exponer ante el Congreso.

El dictamen mayoritario cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Sin embargo, algunos firmantes plantearon dudas sobre la falta de garantías presupuestarias para implementar los cambios. Convicción Federal presentó un proyecto alternativo que los legisladores debatirán al cierre de la sesión.

La reforma establece que los jueces deberán recibir notificaciones sobre las internaciones voluntarias y podrán solicitar evaluaciones e informes, además de ordenar el fin de la medida cuando corresponda. También considera prolongadas las internaciones que superen los 180 días, continuos o acumulados dentro de dos años, y exige que la Justicia las revise de oficio.

La iniciativa mantiene la prohibición de los manicomios y promueve abordajes comunitarios y ambulatorios. Además, incorpora la ludopatía al listado de adicciones, habilita consultas psiquiátricas a distancia y permite que las personas dejen asentada su voluntad sobre futuros tratamientos. Para indicar una internación, exige la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, o de un profesional especializado en salud mental.

El texto también incorpora una segunda firma y contempla la participación de psicólogos en la evaluación y el alta. El Consejo Federal de Salud pidió equiparar la prioridad de médicos y psicólogos, mientras varias provincias advirtieron sobre los costos de aplicación.

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