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Nacionales

Caso “Chocolate” Rigau: denunciaron a autoridades de Diputados bonaerenses por el archivo de expedientes

El juez Atencio denunció penalmente a autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el archivo de expedientes que la Justicia había solicitado en el marco de la causa por las tarjetas de débito halladas en poder de Julio “Chocolate” Rigau. La presentación abrió una investigación separada de la causa original.

Según trascendió, el magistrado entendió que ante la posible existencia de un delito de acción pública estaba obligado a informar los hechos al Ministerio Público Fiscal, para que se analicen las eventuales responsabilidades.

La documentación había sido requerida por la fiscal Betina Lacki, a cargo de la pesquisa sobre el circuito de las tarjetas. Los papeles apuntaban a reconstruir cómo se realizaron las designaciones de los empleados cuyos sueldos luego eran retirados.

La fiscalía buscaba determinar qué legisladores o autoridades habían intervenido en esas incorporaciones. Sin embargo, la Cámara resolvió archivar los expedientes el 28 de mayo, en una sesión en la que se trataron miles de resoluciones administrativas, y los documentos vinculados con Rigau quedaron incluidos en ese procedimiento.

Frente a las demoras y la falta de entrega, Atencio había dictado una orden de presentación para exigir que la documentación quedara a disposición de la Justicia. Ahora, con la denuncia, busca establecer si archivar y no entregar esos papeles podría constituir un delito.

El expediente se inició en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia de La Plata mientras extraía dinero con tarjetas de empleados legislativos. En ese momento tenía 48 tarjetas de débito a su nombre ajeno.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno porteño ratificó el pedido de jury contra la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad: “Pedimos consecuencias”

El Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el pedido de jury contra la jueza Laura de Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad al sobreseer a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo. Desde la administración porteña argumentaron que la magistrada incurrió en un severo incumplimiento de sus deberes y exigieron sanciones institucionales concretas.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, cuestionó el fallo por invalidar el trabajo parlamentario y ejecutivo. El funcionario señaló que la ley exige consecuencias para los delitos cometidos y afirmó: “Trabajamos en el cumplimiento de la ley, y que quien no la cumpla tenga consecuencias. Para nosotros este tipo de fallos representan un incumplimiento de la función”.

Tapia explicó que la solicitud fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de CABA para evaluar el desempeño de la magistrada. El procedimiento contempla desde apercibimientos y suspensiones hasta la destitución de la jueza. Además, el funcionario aclaró que la medida “no es escrache” y respaldó el trabajo del fuero porteño.

Desde el Ejecutivo advirtieron que este tipo de resoluciones atenta contra las políticas de prevención del delito. Tapia remarcó la paradoja institucional al señalar: “Todos los índices de delitos en la Ciudad están bajando, pero si los detienen y vuelven a soltar, no hay sistema de seguridad que aguante”. Las autoridades enfatizaron que las liberaciones continuas neutralizan los operativos policiales.

El Gobierno de la Ciudad renovó el reclamo ante la Nación para acelerar la transferencia de competencias judiciales pendientes. Tapia sostuvo que el fuero capitalino está capacitado para asumir la gestión penal integral, resguardar el debido proceso y evitar resoluciones que afecten la seguridad ciudadana.

Radio Mitre

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