Judiciales

El injustificado ataque a una decisión judicial pone la lupa sobre la aplicación de la ley

El juez Merino quedó injustamente en el centro de una polémica mediática y de redes sociales tras la resolución que benefició a los imputados en la causa Fürth Automotores. La decisión generó fuertes críticas de las querellas y la fiscalía, que cuestionaron su criterio. Sin embargo, lo que se observa es que el magistrado actuó dentro de los márgenes que establece la ley y no se apartó del procedimiento.

La presión mediática y política sobre los jueces suele ser intensa, más aún en casos de alto impacto social. En este escenario, Merino se limitó a aplicar las normas vigentes y a valorar las pruebas disponibles. Su fallo no fue un gesto aislado ni caprichoso, sino la consecuencia de un análisis jurídico que responde a lo que marca el Código Procesal.

Las querellas sostienen que hubo un beneficio indebido hacia los acusados, pero esa interpretación desconoce que la excarcelación es una herramienta prevista por la legislación. El juez entendió que no había elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita, y que correspondía encuadrar la causa en estafa, con un tratamiento distinto en términos de prisión preventiva.

La fiscalía, por su parte, insistió en que la medida debilitaba la investigación y que procederían con una apelación. Sin embargo, la función de un magistrado no es acompañar la estrategia de una parte, sino garantizar que el proceso se ajuste a derecho. Merino cumplió con ese rol, aunque las consecuencias políticas y mediáticas resulten incómodas para algunos sectores.

En medio de la polémica, es importante recordar que la independencia judicial es un pilar democrático. Los jueces no pueden fallar en función de la presión externa ni del clima social, sino de lo que surge de los expedientes. En este caso, Merino se apoyó en la normativa y en la jurisprudencia, evitando caer en excesos o arbitrariedades.

El debate público sobre la resolución es legítimo, pero no debería transformarse en un ataque personal. El juez no inventó una salida, simplemente aplicó lo que la ley permite. La crítica puede ser parte del juego democrático, pero la descalificación erosiona la confianza en las instituciones y en la justicia misma.

La discusión seguirá abierta, porque el caso Fürth Automotores tiene un fuerte impacto en la sociedad santiagueña. Pero más allá de las diferencias, lo que debe quedar claro es que Merino actuó conforme a derecho. Defender esa premisa es también defender la seguridad jurídica y la credibilidad de los procesos judiciales.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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