El Gobierno británico reaccionó en la 81° Asamblea General tras el discurso de Javier Milei y dejó en claro que no aceptará conversar sobre las Islas Malvinas sin el consentimiento de sus habitantes, los kelpers. La réplica se incorporó al registro oficial y marcó un cruce diplomático entre Londres y Buenos Aires.

Londres sostuvo que la postura argentina niega el derecho de autodeterminación de los isleños y, en el mismo comunicado, defendió las tareas económicas que se llevan a cabo en el archipiélago. Según el texto oficial, “El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía” y el desarrollo de hidrocarburos es una “actividad comercial legítima”.

Desde Buenos Aires, el Gobierno afirma que el principio de autodeterminación no es aplicable al conflicto y fundamenta su reclamo en resoluciones de Naciones Unidas que piden negociar la controversia de soberanía. La réplica británica afirmó además que la Argentina “continúa negando” ese derecho a los habitantes, en términos que elevan la tensión diplomática.

Como argumento, el comunicado británico recordó el referéndum de 2013: según sus cifras participó el 92% del padrón y el 99,8% votó por mantener el estatus como territorio británico de ultramar. En el escrito también se apuntó que la postura argentina “no es el comportamiento que esperamos de una democracia”.

Londres reprochó además las sanciones argentinas a empresas vinculadas al petróleo en las islas, calificándolas de “inaceptable” intento de ejercer jurisdicción extraterritorial. A su juicio, esas medidas carecen de respaldo en el derecho internacional, afectan negocios y generan preocupación por el impacto en el libre comercio regional.

En respuesta interna, la Casa Rosada endureció su estrategia frente a las Malvinas y al proyecto Sea Lion: dictó sanciones y remitió al Congreso un paquete de medidas de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las herramientas contra empresas que explotan recursos en el archipiélago. La movida busca proteger intereses argentinos.

Radio Mitre