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La Justicia le exigió al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días

La Justicia Federal volvió a emitir un severo fallo contra el Poder Ejecutivo Nacional al otorgarle un plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles para poner en marcha lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien advirtió formalmente a las autoridades del Gobierno nacional que, en caso de no acatar la orden en el tiempo fijado, se aplicarán sanciones económicas diarias contra los funcionarios responsables.

La medida cautelar dictada por el tribunal exige el cumplimiento total e inmediato de los artículos 5 y 6 de la legislación vigente, los cuales disponen la recomposición integral de los salarios docentes y no docentes, así como la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles.

En el texto procesal, el magistrado dejó expresamente asentado el uso de astreintes o multas pecuniarias por cada jornada de demora en la ejecución de las partidas presupuestarias.

La decisión judicial se produce en un escenario de extrema tensión presupuestaria entre el Ministerio de Economía y las casas de altos estudios.

Mientras los rectores universitarios y las representaciones sindicales reclaman un atraso en la recomposición salarial que alcanza el 31,2%, la última propuesta del Poder Ejecutivo en la negociación paritaria se limitó a un ofrecimiento de tan solo el 3% de incremento, cifra rechazada de forma unánime por los gremios.

Radio Mitre

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El Gobierno porteño ratificó el pedido de jury contra la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad: “Pedimos consecuencias”

El Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el pedido de jury contra la jueza Laura de Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad al sobreseer a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo. Desde la administración porteña argumentaron que la magistrada incurrió en un severo incumplimiento de sus deberes y exigieron sanciones institucionales concretas.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, cuestionó el fallo por invalidar el trabajo parlamentario y ejecutivo. El funcionario señaló que la ley exige consecuencias para los delitos cometidos y afirmó: “Trabajamos en el cumplimiento de la ley, y que quien no la cumpla tenga consecuencias. Para nosotros este tipo de fallos representan un incumplimiento de la función”.

Tapia explicó que la solicitud fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de CABA para evaluar el desempeño de la magistrada. El procedimiento contempla desde apercibimientos y suspensiones hasta la destitución de la jueza. Además, el funcionario aclaró que la medida “no es escrache” y respaldó el trabajo del fuero porteño.

Desde el Ejecutivo advirtieron que este tipo de resoluciones atenta contra las políticas de prevención del delito. Tapia remarcó la paradoja institucional al señalar: “Todos los índices de delitos en la Ciudad están bajando, pero si los detienen y vuelven a soltar, no hay sistema de seguridad que aguante”. Las autoridades enfatizaron que las liberaciones continuas neutralizan los operativos policiales.

El Gobierno de la Ciudad renovó el reclamo ante la Nación para acelerar la transferencia de competencias judiciales pendientes. Tapia sostuvo que el fuero capitalino está capacitado para asumir la gestión penal integral, resguardar el debido proceso y evitar resoluciones que afecten la seguridad ciudadana.

Radio Mitre

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