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Nacionales

La primera reacción del Gobierno al descargo de Manuel Adorni para justificar su patrimonio

El Poder Ejecutivo Nacional fijó su primera posición oficial tras la presentación del descargo judicial efectuado por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien entregó un escrito de 78 páginas ante el juez Ariel Lijo con el objetivo de justificar el incremento de sus bienes.

La postura del Gobierno fue tajante al señalar que la causa deberá continuar su tramitación en los tribunales correspondientes, evitando emitir valoraciones políticas adicionales sobre la situación del exfuncionario.

Durante la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier remarcó que el exfuncionario ya no forma parte de la administración pública y que la resolución del expediente queda bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial.

Asimismo, el portavoz descartó de forma categórica vincular el caso con los proyectos legislativos del oficialismo, defendiendo la vigencia de la iniciativa denominada Inocencia Fiscal II como un instrumento normativo independiente de la causa penal.

En el escrito judicial entregado al juzgado, Adorni presentó balances contables, movimientos bancarios y certificaciones para respaldar la evolución de sus activos entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

Entre los elementos salientes de la defensa, se destaca la acreditación de inversiones tempranas en la criptomoneda Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, las cuales habrían generado cerca de medio millón de dólares en efectivo para justificar su patrimonio actual.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno habilitó la venta de acciones de Enarsa en tres empresas termoeléctricas en el marco del plan de privatizaciones

El Gobierno oficializó la iniciativa de vender la participación estatal en tres centrales administradas por Enarsa a través del decreto 1107 publicado en el Boletín Oficial. La medida impulsa la privatización de Enarsa y autoriza la convocatoria a licitaciones nacionales e internacionales para ofrecer las acciones que hoy controla el Estado.

El decreto dispone la venta total de las participaciones de Enarsa en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, donde el Estado tiene alrededor del 65% y del 68,83% del capital, respectivamente. Estas plantas de ciclo combinado suman cerca de 800 megavatios de potencia instalada cada una y son estratégicas para el MEM.

En el caso de la Central Guillermo Brown, la operación seguirá un cronograma distinto: la entrada formal de Enarsa como accionista depende de la extinción del fideicomiso de construcción y operación, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de septiembre. Tras ese hito, la sociedad gerente tendrá 90 días para completar los actos societarios e incorporar a la estatal.

Según la adenda firmada en 2012, la participación pública en esa central no podrá caer por debajo del 70% del capital accionario, una condición que influirá en el proceso. Solo cuando Enarsa figure como accionista podrá el Ministerio de Economía lanzar la licitación para vender esas plazas accionarias al sector privado.

Las plantas afectadas están ubicadas en Campana, provincia de Buenos Aires, y en Timbúes, Santa Fe: la Manuel Belgrano y la José de San Martín, respectivamente. En agosto, la Secretaría de Energía autorizó el traspaso de la titularidad de la Belgrano a la sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano, un trámite previo para ordenar los activos antes de la venta.

En el mercado energético estiman que la participación estatal en cada central podría rondar los US$300 millones, aunque el Ejecutivo todavía no fijó un precio oficial. El monto final se definirá por los pliegos de las convocatorias y por las propuestas que presenten los interesados durante las licitaciones públicas del sector energético.

Radio Mitre

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