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Nacionales

El Gobierno anunció que la Casa Militar pasará a encargarse de la seguridad de la Quinta de Olivos

El Gobierno anunció que la Casa Militar asumirá la seguridad completa de la Quinta de Olivos, centralizando las funciones relacionadas con el resguardo del presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada hoy por la Presidencia y marca un cambio en la coordinación del personal encargado del cuidado de la residencia.

Comunicado dice que Ibáñez asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.

La Casa Rosada justificó el traslado por una “escalada de la inseguridad a nivel global” y por la próxima visita del Papa León XIV, que aumenta los riesgos. Advirtieron que el movimiento de personal externo para obras y servicios complica los controles y plantea un desafío adicional para la protección presidencial.

En Balcarce 50 dijeron que hubo un hecho directo que motivó la medida: “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”. Como consecuencia, 12 miembros del personal civil fueron despedidos y parte de la dotación fue reubicada en otras dependencias. La Presidencia aclaró que las tareas de limpieza y cocina seguirán en manos civiles.

La Presidencia decidió disolver Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y separar funciones de seguridad, administración y control. El traspaso de responsabilidades completará en 60 días y, según el comunicado, “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. Casa Militar depende de la Secretaría General, a cargo de Karina Milei.

Con el cambio, el organismo incrementa competencias sobre la seguridad presidencial y su entorno, tanto en las inmediaciones de la Casa Rosada como en donde se encuentre Javier Milei. La organización busca unificar protocolos y facilitar la movilidad del equipo de seguridad en actos oficiales y viajes, dentro y fuera del país, según la versión oficial.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia inició las pericias sobre las billeteras virtuales de Manuel Adorni

La fiscalía federal inició el análisis técnico de ocho billeteras de bitcoin vinculadas a Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita procura establecer la procedencia de los fondos y corroborar la información que el exfuncionario presentó sobre sus activos digitales.

Matías Ledesma, abogado de Adorni, se presentó el 21 de septiembre ante la Fiscalía Federal N.º 11. Llevó una computadora y un sobre cerrado con las claves de acceso a las direcciones digitales. Con esos elementos, la defensa participó del procedimiento dispuesto para comprobar que las cuentas existen y que tiene control sobre ellas.

Según fuentes judiciales, el equipo fiscal generó un “mensaje de desafío” para que fuera incorporado y firmado desde cada billetera. La maniobra permitió comprobar técnicamente el acceso a las direcciones sin limitarse a revisar documentación o capturas de pantalla entregadas por la defensa.

Luego, especialistas del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina revisaron desde otra computadora si los mensajes habían sido incorporados. La verificación confirmó la existencia de las ocho billeteras y el control de la defensa sobre ellas. Para dejar constancia del procedimiento, se calcularon algoritmos hash en cada instancia.

Los registros de esos pasos quedaron guardados en pendrives lacrados, junto con las claves de las cuentas. La pericia busca sumar evidencia verificable al expediente y aportar elementos para seguir el recorrido de los fondos digitales. Por ahora, el procedimiento confirmó el acceso a las billeteras, pero no determina por sí mismo el origen del dinero investigado.

Las cuentas quedaron bajo la lupa luego de que Adorni atribuyera a “ventas de activos” unos US$ 591.000 que no habían sido incluidos en sus declaraciones juradas iniciales y que agregó mediante una rectificación. La Justicia intenta establecer si esa explicación se corresponde con los movimientos y antecedentes patrimoniales que pueda reconstruir durante la investigación.

Radio Mitre

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