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Nacionales

La CGT volvió a presionar al Gobierno por un aumento en el salario mínimo: el duro comunicado

La CGT elevó la presión sobre el Gobierno en medio de la negociación por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En un duro comunicado difundido este viernes, la central obrera reclamó que el piso salarial se eleve a $911.202 y alcance los $993.300 en diciembre, al tiempo que cuestionó la modalidad virtual del Consejo del Salario y acusó al Ejecutivo de vaciar la instancia de diálogo.

“El salario no puede ser un ingreso de pobreza”, sostuvo la conducción nacional de la CGT, que volvió a reclamar que las negociaciones se desarrollen de forma presencial y con participación efectiva de todas las partes.

La discusión se produjo mientras el Consejo del Salario se reunió por primera vez en el año para intentar definir una actualización del haber mínimo, que actualmente se ubica en $376.600 para los trabajadores mensualizados. La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que estableció el encuentro bajo modalidad virtual.

En el documento, la central sindical sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo lleva años y cuestionó tanto la postura de las cámaras empresarias como la del Gobierno.

“La pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la creciente distancia entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora es un hecho que venimos reclamando hace años”, señaló.

La central también redobló sus cuestionamientos contra la Casa Rosada por mantener la modalidad virtual del encuentro, pese al pedido formal para que la discusión se realizara de manera presencial.

Radio Mitre

Nacionales

“Si no es ahora, nunca lo será”: Argentina insistió ante el Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina volvió a reclamar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se impida el avance de la explotación petrolera británica en las islas Malvinas. Durante su alegato final, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen cuestionó la posición del Reino Unido sobre la soberanía del archipiélago y solicitó que los jueces dicten medidas cautelares para evitar el inicio de la extracción de hidrocarburos en la zona en disputa.

En su exposición, Kohen recordó que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cuyo proceso de descolonización todavía está pendiente. También sostuvo que la controversia involucra tanto la soberanía territorial como los espacios marítimos y señaló que la Asamblea General de la ONU y su Comité de Descolonización tienen la responsabilidad de supervisar ese proceso.

El equipo argentino defendió la necesidad de que el Tribunal del Mar intervenga antes de que comiencen las tareas de extracción. En ese sentido, el jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que el inicio de las perforaciones modificaría de manera irreversible la situación actual. “Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, afirmó.

Schrijver remarcó que el tribunal es la única instancia que podría actuar a tiempo para evitar ese escenario. “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”, sostuvo durante su intervención.

El proyecto Sea Lion cuenta con una inversión definitiva aprobada en 2025 y está a cargo de la compañía israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y de la británica Rockhopper, con el 35% restante. El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino.

El jurista también hizo hincapié en las consecuencias ambientales y materiales que podría generar la iniciativa. “Ese daño es irreparable: la plataforma continental quedará modificada permanentemente, el petróleo una vez extraído no regresará al yacimiento”, señaló. Además, planteó que una decisión judicial posterior no podría revertir los efectos de la explotación.

Radio Mitre

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