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“Si no es ahora, nunca lo será”: Argentina insistió ante el Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina volvió a reclamar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se impida el avance de la explotación petrolera británica en las islas Malvinas. Durante su alegato final, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen cuestionó la posición del Reino Unido sobre la soberanía del archipiélago y solicitó que los jueces dicten medidas cautelares para evitar el inicio de la extracción de hidrocarburos en la zona en disputa.

En su exposición, Kohen recordó que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cuyo proceso de descolonización todavía está pendiente. También sostuvo que la controversia involucra tanto la soberanía territorial como los espacios marítimos y señaló que la Asamblea General de la ONU y su Comité de Descolonización tienen la responsabilidad de supervisar ese proceso.

El equipo argentino defendió la necesidad de que el Tribunal del Mar intervenga antes de que comiencen las tareas de extracción. En ese sentido, el jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que el inicio de las perforaciones modificaría de manera irreversible la situación actual. “Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, afirmó.

Schrijver remarcó que el tribunal es la única instancia que podría actuar a tiempo para evitar ese escenario. “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”, sostuvo durante su intervención.

El proyecto Sea Lion cuenta con una inversión definitiva aprobada en 2025 y está a cargo de la compañía israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y de la británica Rockhopper, con el 35% restante. El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino.

El jurista también hizo hincapié en las consecuencias ambientales y materiales que podría generar la iniciativa. “Ese daño es irreparable: la plataforma continental quedará modificada permanentemente, el petróleo una vez extraído no regresará al yacimiento”, señaló. Además, planteó que una decisión judicial posterior no podría revertir los efectos de la explotación.

Radio Mitre

Nacionales

La ONU postergó para 2027 el tratamiento del reclamo de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró sus sesiones ordinarias sin tratar el reclamo de Cristina Kirchner para suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos. El organismo retomará el análisis en marzo de 2027, mientras la defensa sostiene que la condena vulneró sus derechos políticos y las garantías del proceso judicial.

Cristina Kirchner no consiguió que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tratara su presentación antes del cierre de las sesiones ordinarias de noviembre. La exmandataria recurrió a ese organismo para cuestionar su condena y pedir que suspenda los efectos de la inhabilitación perpetua que le impide ocupar cargos públicos.

Con esta postergación, el comité recién retomará el análisis del planteo cuando reanude sus sesiones, en marzo de 2027. La demora modifica los tiempos de la estrategia judicial de la expresidenta, que manifestó su intención de recuperar sus derechos políticos y no descartó competir en las próximas elecciones presidenciales.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron el reclamo ante el organismo, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La defensa solicitó medidas provisionales para suspender la inhabilitación mientras avanza el procedimiento.

El trámite habitual contempla el traslado de la denuncia al Estado involucrado, la recepción de sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del caso, y una nueva respuesta de los representantes de la denunciante. Este proceso suele extenderse entre dos y tres años.

La presentación sostiene que la condena vulneró derechos reconocidos por el pacto internacional, en particular el derecho a votar y ser elegida. Los abogados consideran que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de los derechos políticos de Cristina Kirchner.

Radio Mitre

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