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Nacionales

Fernando Cerimedo volvió a declarar ante la Fiscalía de Bolivia y reconoció que colaboró con la campaña presidencial de Rodrigo Paz

Fernando Cerimedo volvió a prestar declaración ante la Fiscalía de Bolivia mientras cumple prisión preventiva por 180 días, en una audiencia ligada al ataque sufrido por su expareja. El consultor admitió haber colaborado en la campaña presidencial de Rodrigo Paz, aunque matizó el alcance y evitó dar detalles sobre su participación en el gobierno.

Ante preguntas sobre su rol en la campaña, Cerimedo dijo que únicamente brindó “Ayudé en consejos de comunicaciones digitales” y negó haber cobrado o firmado contratos por ese trabajo. También declaró que no tuvo intervención en la primera vuelta electoral y que su aporte en la segunda se limitó, según afirmó, a recomendaciones de comunicación.

En la indagatoria repasó su entramado empresarial: dijo ser único socio de Numen Group Inc., radicada en Estados Unidos desde 2021, y sostuvo que presta servicios a clientes internacionales. En Argentina describió una agencia de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y una cartera de doce clientes, además de una academia y una productora.

Cerimedo aseguró que sus ingresos provienen exclusivamente de esas sociedades fuera de Bolivia y afirmó que durante 2025 y 2026 sus entradas rondaron el millón de dólares por mes. Reiteró que no posee empresas constituidas en Bolivia, aunque admitió que tenía la intención de abrir allí una consultora de marketing.

El momento más tenso se produjo cuando la Fiscalía le preguntó por su supuesta influencia en el gobierno: si tenía despacho en la Casa Grande del Pueblo, credencial oficial, participación en reuniones de gabinete, o si manejaba redes oficiales. En cada demanda respondió de forma casi idéntica: “No tiene que ver con el caso”.

Hoy, Cerimedo permanece alojado en la cárcel de Palmasola tras la resolución judicial que fijó 180 días de prisión preventiva. La pesquisa se originó en la causa por el ataque a Nadia Beller y se extendió: la Fiscalía abrió averiguaciones por enriquecimiento ilícito y posibles nexos con el narcotráfico, con allanamientos y secuestro de dinero y electrónicos.

Radio Mitre

Nacionales

La ONU postergó para 2027 el tratamiento del reclamo de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró sus sesiones ordinarias sin tratar el reclamo de Cristina Kirchner para suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos. El organismo retomará el análisis en marzo de 2027, mientras la defensa sostiene que la condena vulneró sus derechos políticos y las garantías del proceso judicial.

Cristina Kirchner no consiguió que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tratara su presentación antes del cierre de las sesiones ordinarias de noviembre. La exmandataria recurrió a ese organismo para cuestionar su condena y pedir que suspenda los efectos de la inhabilitación perpetua que le impide ocupar cargos públicos.

Con esta postergación, el comité recién retomará el análisis del planteo cuando reanude sus sesiones, en marzo de 2027. La demora modifica los tiempos de la estrategia judicial de la expresidenta, que manifestó su intención de recuperar sus derechos políticos y no descartó competir en las próximas elecciones presidenciales.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron el reclamo ante el organismo, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La defensa solicitó medidas provisionales para suspender la inhabilitación mientras avanza el procedimiento.

El trámite habitual contempla el traslado de la denuncia al Estado involucrado, la recepción de sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del caso, y una nueva respuesta de los representantes de la denunciante. Este proceso suele extenderse entre dos y tres años.

La presentación sostiene que la condena vulneró derechos reconocidos por el pacto internacional, en particular el derecho a votar y ser elegida. Los abogados consideran que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de los derechos políticos de Cristina Kirchner.

Radio Mitre

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