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Nacionales

Fernando Cerimedo volvió a declarar ante la Fiscalía de Bolivia y reconoció que colaboró con la campaña presidencial de Rodrigo Paz

Fernando Cerimedo volvió a prestar declaración ante la Fiscalía de Bolivia mientras cumple prisión preventiva por 180 días, en una audiencia ligada al ataque sufrido por su expareja. El consultor admitió haber colaborado en la campaña presidencial de Rodrigo Paz, aunque matizó el alcance y evitó dar detalles sobre su participación en el gobierno.

Ante preguntas sobre su rol en la campaña, Cerimedo dijo que únicamente brindó “Ayudé en consejos de comunicaciones digitales” y negó haber cobrado o firmado contratos por ese trabajo. También declaró que no tuvo intervención en la primera vuelta electoral y que su aporte en la segunda se limitó, según afirmó, a recomendaciones de comunicación.

En la indagatoria repasó su entramado empresarial: dijo ser único socio de Numen Group Inc., radicada en Estados Unidos desde 2021, y sostuvo que presta servicios a clientes internacionales. En Argentina describió una agencia de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y una cartera de doce clientes, además de una academia y una productora.

Cerimedo aseguró que sus ingresos provienen exclusivamente de esas sociedades fuera de Bolivia y afirmó que durante 2025 y 2026 sus entradas rondaron el millón de dólares por mes. Reiteró que no posee empresas constituidas en Bolivia, aunque admitió que tenía la intención de abrir allí una consultora de marketing.

El momento más tenso se produjo cuando la Fiscalía le preguntó por su supuesta influencia en el gobierno: si tenía despacho en la Casa Grande del Pueblo, credencial oficial, participación en reuniones de gabinete, o si manejaba redes oficiales. En cada demanda respondió de forma casi idéntica: “No tiene que ver con el caso”.

Hoy, Cerimedo permanece alojado en la cárcel de Palmasola tras la resolución judicial que fijó 180 días de prisión preventiva. La pesquisa se originó en la causa por el ataque a Nadia Beller y se extendió: la Fiscalía abrió averiguaciones por enriquecimiento ilícito y posibles nexos con el narcotráfico, con allanamientos y secuestro de dinero y electrónicos.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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