El Senado dio media sanción a un proyecto que apunta a priorizar la protección de la propiedad privada y agilizar desalojos por ocupación o incumplimientos. Según el Ejecutivo, la iniciativa “agiliza los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente o frente a incumplimientos contractuales, fortaleciendo la protección del propietario sin dejar de resguardar a las personas en situación de vulnerabilidad”.

El texto establece que los desalojos se tramitarán por un juicio sumarísimo, con plazos sensiblemente más cortos que el fuero común. Con ese esquema, el llamado desalojo exprés podrá resolverse en lapsos que, según expertos como el abogado Eduardo Bonis, suelen rondar los dos meses o incluso menos en casos simples.

Cualquiera que acredite un derecho afectado podrá pedir la acción: alcanza inquilinos, subinquilinos, ocupantes precarios, intrusos y cualquier ocupante obligado a devolver la propiedad. También se aplica cuando quien entró lícitamente incumple las condiciones de uso o cae en mora según el contrato vigente. Incluye restitución anticipada si hay verosimilitud del derecho.

Para incumplimiento por falta de pago o vencimiento, el dueño podrá pedir la desocupación inmediata bajo caución juratoria y con el procedimiento del desalojo exprés. En alquileres de vivienda el locador debe intimar al inquilino y conceder al menos 10 días corridos para regularizar la deuda, indicando dónde pagar. La notificación es válida aunque el inquilino se niegue a recibirla.

El proyecto limita las pruebas: se admite únicamente prueba documental (recibos o transferencias) y prueba pericial en situaciones específicas. La designación de un perito puede extender plazos si es necesaria la verificación, por ejemplo para determinar la autenticidad de comprobantes o la posible falsificación de recibos que el inquilino aporte como defensa.

El locador no puede rechazar la entrega de llaves; si la rehúsa, el inquilino puede consignar judicialmente y los gastos correrán por cuenta del propietario. Desde esa notificación dejan de devengarse nuevos alquileres. Si el desalojo se reclama por daños o cambio de destino, el juez debe ordenar inspección en 72 horas con defensor oficial.

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