La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formalizó una reducción del 20% en las tarifas máximas del servicio de practicaje y pilotaje mediante la Resolución 46/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La medida, de carácter transitorio, se aplica sobre los valores vigentes desde 2018 y forma parte del acuerdo alcanzado con el sector para destrabar el conflicto gremial, quedando supeditada a que se mantenga la suspensión temporal del Decreto N° 690/26, normativa que había desencadenado las protestas y paralizado la actividad en las principales terminales marítimas del país.

El consenso entre las partes permitió restablecer la operatoria normal en los puertos a partir de un paquete de medidas que incluye la creación de una mesa intersectorial encargada de elaborar un nuevo reglamento operativo, además de la mencionada rebaja tarifaria provisional.

La disputa se había iniciado tras la firma del Decreto 690/26 por parte del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, norma que buscaba modificar el régimen vigente desde 1991 mediante la apertura de un registro conducido por Prefectura Naval, la libre elección de prestadores por parte de las empresas y la facultad de la ANPyN para fijar techos tarifarios.

La medida de fuerza provocó la paralización de más de 185 buques en muelles estratégicos como Campana, Dock Sud y Bahía Blanca, afectando incluso la logística de insumos vinculados al proyecto Vaca Muerta Oil Sur y motivando intimidaciones oficiales a 536 trabajadores del sector. Desde el Ministerio de

Desregulación argumentaron que los costos de practicaje en la Argentina se ubican entre los más elevados a nivel internacional, alcanzando valores de hasta USD 16.903 para un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires, cifra superior a las tarifas cobradas en terminales patagónicas y no patagónicas.

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