Tras agotar la vía judicial en Argentina, los abogados de Cristina Kirchner presentaron una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar las garantías procesales de la condena en la causa Vialidad. La estrategia apunta a denunciar presuntas violaciones al debido proceso, aunque el organismo no tiene facultades para anular la sentencia ni ordenar la libertad de la expresidenta.

El Comité está integrado por 18 expertos independientes encargados de analizar posibles incumplimientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus decisiones se expresan mediante dictámenes u observaciones, que tienen relevancia jurídica e internacional, pero no son de cumplimiento obligatorio para los Estados ni reemplazan las resoluciones de los tribunales nacionales.

El procedimiento comienza con la presentación de la denuncia por parte de la defensa. Luego, el organismo solicita la respuesta del Estado argentino, que interviene a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el Comité emite un dictamen, un proceso que puede demorar varios años y que no suspende la condena vigente.

Además, el análisis del organismo se limita a determinar si existieron violaciones a derechos fundamentales, como la imparcialidad judicial, el derecho a una defensa efectiva o la presunción de inocencia. No revisa las pruebas del expediente ni vuelve a juzgar el caso, por lo que no puede modificar el fallo dictado por la Justicia argentina.

Uno de los antecedentes más citados es el del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En 2022, el Comité concluyó que durante la investigación del caso Lava Jato se habían vulnerado sus garantías procesales y sus derechos políticos. Sin embargo, la anulación de sus condenas fue decidida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, no por la ONU.

Al optar por esta vía internacional, la defensa de Cristina Kirchner renuncia a presentar el mismo reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que las normas internacionales impiden tramitar un caso de manera simultánea en distintos sistemas de protección.

Radio Mitre