La defensa de Cristina Kirchner formalizó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, un escrito para intentar suspender parcialmente la sentencia del caso Vialidad, que le impuso seis años de prisión e inhabilitación de por vida. Los letrados solicitaron medidas cautelares y adelantaron que buscan una respuesta rápida, posiblemente en octubre.

La conferencia fue encabezada por el histórico defensor Carlos Beraldi, acompañado por el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Valim planteó que hay tres pedidos urgentes: suspender la inhabilitación, revisar la prisión domiciliaria y recomponer la integración de la Corte Suprema. Además, advirtió que la situación vulnera derechos de la población.

El abogado Javier Borrego detalló las condiciones: “se ha hecho una petición de medida cautelar en relación a la prisión domiciliaria de la doctora Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar el aire”.

Además, Borrego afirmó que centrar la agenda en la prisión domiciliaria puede “distraer la atención” de lo esencial: la proscripción electoral de Cristina Kirchner. En su presentación al Comité, dijo que “Esta condena brutal y discriminatoria es una maniobra de distracción para evitar que se presente a elecciones”. El Comité, con sede en Ginebra, está integrado por 18 miembros.

Los letrados pidieron tres medidas cautelares puntuales: que se suspenda la inhabilitación para ocupar cargos, que se revisen y mejoren las condiciones de la prisión domiciliaria —incluyendo la retirada de la tobillera, la normalización de visitas y el acceso al aire libre— y que el Estado garantice trato igualitario y el cese de un trato discriminatorio o degradante.

Los abogados adelantaron que las medidas cautelares podrían resolverse “en los próximos meses”, aunque la decisión de fondo puede tardar años. Dijeron que el Comité podría reunirse en octubre y que, si se dicta una cautelar, el Estado argentino deberá acatarla de inmediato. Optaron por la ONU por buscar mayor eficacia frente a la CIDH.

Radio Mitre