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El Gobierno reglamentó el uso de silenciadores y miras nocturnas para armas: quiénes podrán registrarlos y qué requisitos deberán cumplir

El Gobierno reglamentó la tenencia y el registro de silenciadores, moderadores de sonido y miras nocturnas para armas de fuego. La medida quedó establecida a través de la Resolución 48/2026 del Registro Nacional de Armas (RENAR), publicada en el Boletín Oficial, y desarrolla lo dispuesto por el Decreto 306/2026.

La normativa establece que los legítimos usuarios de armas de uso civil condicional podrán solicitar la autorización si acreditan un vínculo con entidades de tiro o cuentan con permisos de caza vigentes. Para eso, deberán “acreditarse como miembro de una entidad de tiro autorizada e inscripta” o “presentar licencia o permiso de caza vigente”.

Además, los interesados tendrán que declarar el material controlado y demostrar que poseen armas compatibles registradas a su nombre. El RENAR llevará un registro independiente para cada dispositivo, por lo que un mismo silenciador podrá utilizarse en distintas armas compatibles inscriptas por el usuario.

En el caso de los dispositivos importados que no tengan numeración de fábrica, deberán tramitar ante el RENAR la asignación de un número de serie, que luego tendrán que grabar sobre el cuerpo del elemento según las especificaciones del organismo. La fabricación, importación y comercialización de silenciadores y miras nocturnas quedará reservada a Usuarios Comerciales inscriptos y habilitados para esa actividad.

La resolución también contempla el registro de materiales recibidos por herencia. Quien invoque esa condición sin contar con una declaratoria judicial deberá ser legítimo usuario vigente o iniciar el trámite en simultáneo. También deberá presentar la partida de defunción, documentación que acredite el vínculo y una declaración jurada certificada sobre la inexistencia de controversias entre herederos.

El registro tendrá efectos administrativos y de control, pero “no importará reconocimiento de calidad de heredero, titularidad dominial ni derechos sucesorios”. Cada material podrá tener un único responsable registral y, ante una oposición fundada, el RENAR podrá suspender el trámite hasta que intervenga la Justicia.

Radio Mitre

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El Gobierno reúne a la mesa política por las Islas Malvinas: se sumarán Pablo Quirno y Carlos Presti

El Gobierno reunirá este martes a la mesa política para definir la estrategia legislativa sobre Malvinas y analizar los avances en Defensa y Cancillería. Pablo Quirno y Carlos Presti participarán por primera vez del encuentro.

El Gobierno convocó para este martes a las 13 a la mesa política en la Casa Rosada para analizar las medidas sobre Malvinas que Javier Milei anunció en cadena nacional. Por primera vez, el encuentro sumará al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti, quienes deberán presentar los avances de sus respectivas áreas.

La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos coordinar el envío y tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. Además, el oficialismo definirá la estrategia para trabajar en las comisiones y negociar con bloques aliados y opositores.

La iniciativa del Ejecutivo plantea tres ejes principales: endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas y proveedores que operen sin autorización en las islas, incluso con la posibilidad de aplicar un juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y sumar herramientas diplomáticas y económicas.

Carlos Presti expondrá sobre la planificación y el financiamiento de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Milei ya reasignó US$142 millones del presupuesto para la obra, aunque fuentes oficiales estimaron que el costo total podría alcanzar entre US$400 y US$500 millones. El Gobierno deberá definir cómo financiará el monto restante.

Por su parte, Pablo Quirno informará sobre las sanciones a empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. Según el canciller, unas 180 compañías recibieron avisos para elegir entre continuar sus operaciones en las islas o afrontar medidas en la Argentina. Además, el Ejecutivo inició procedimientos contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Radio Mitre

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