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Nacionales

Una por una, las claves del DNU de Javier Milei que habilita la expulsión de extranjeros

El Gobierno nacional dispuso cambios en la Ley de Migraciones a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, conocido como DNU de Milei, que incorpora nuevas razones para rechazar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros. La medida apunta a quienes emitan o promuevan discursos hostiles contra la Argentina por su nacionalidad.

La modificación incorpora nuevas causales de inadmisión y también habilita la cancelación de residencias ya otorgadas en determinados casos. Además, el texto establece criterios para la aplicación de las sanciones y aclara los alcances de la libertad de expresión.

El DNU introduce un inciso nuevo en el artículo 29 de la Ley 25.871, que determina las causales de inadmisión. A partir de ahora podrá prohibirse el ingreso a personas que hayan dirigido “mensajes de odio” en forma oral o escrita, o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o ciudadanos por su nacionalidad.

La disposición también considera como causal la realización, participación o incitación en actos de ultraje a los símbolos patrios. Esas mismas pautas fueron trasladadas al artículo 62, de modo que la autoridad migratoria podrá iniciar procedimientos para cancelar la residencia de extranjeros que ya estén en el país y ordenar la intimación para abandonar el territorio o la expulsión.

Para decidir entre expulsión y simple intimación, el decreto modifica el artículo 63 y obliga a evaluar “las circunstancias fácticas y personales del interesado”. Esa referencia busca ajustar la sanción al caso concreto, pero deja margen a la discrecionalidad administrativa y a la interpretación judicial en futuras impugnaciones.

La Oficina del Presidente vinculó la norma con la creciente hostilidad detectada y lo expresó así: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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