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Judiciales

Dictan prisión preventiva a dos riojanos acusados de estafar a una funcionaria judicial en más de 35 millones

La justicia santiagueña dictó prisión preventiva por el plazo de un año a Florencia del Valle Díaz y Héctor Matías Herrera, dos riojanos acusados de haber estafado a la psicóloga de la Fiscalía, Mariana del Valle Lucatelli, en una maniobra que superó los 35 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Luján González Garay, la maniobra comenzó el 29 de junio de 2025, cuando la funcionaria ingresó a un sitio en Facebook sobre operaciones con acciones de YPF. A través de números de WhatsApp, aceptó una supuesta compra inicial de $250.000, pero terminó entregando datos clave de sus cuentas bancarias en Buenos Aires y Santiago del Estero.

Con esa información, los acusados abrieron varias cuentas a nombre de la víctima, extrajeron millones y tramitaron préstamos que derivaron en una estafa millonaria. Lucatelli realizó la denuncia el 7 de julio de 2025, y en abril pasado la fiscalía logró detener a Díaz y Herrera. En sus declaraciones, reconocieron haber pagado $30.000 para acceder a datos biométricos de la funcionaria, lo que les permitió manipular información sensible.

La investigación reveló que detrás de la maniobra habría actuado un grupo de unas 30 personas coordinadas mediante cuentas de WhatsApp, responsables de transferir y retransferir el dinero hacia destinos imposibles de rastrear. El botín, según los investigadores, difícilmente pueda ser recuperado.

El viernes, la jueza de Control y Garantías María del Huerto Bravo Suárez resolvió dictarles prisión preventiva por estafa, medida que los mantendrá tras las rejas durante un año mientras avanza el proceso judicial. La causa se convirtió en uno de los casos de fraude digital más resonantes en la provincia.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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