Nacionales

El Gobierno nombró a los directores de la obra social de las fuerzas federales

El Gobierno oficializó hoy la designación de tres directores titulares de la nueva obra social destinada a las fuerzas federales, según consta en la Resolución 486/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los cargos, que se desempeñarán ad honorem desde el 26 de mayo, fueron firmados por la ministra Alejandra Monteoliva.

El directorio quedará completo una vez que se nombren los dos miembros restantes y sus suplentes, un paso que el Ejecutivo deberá instrumentar para que la obra social comience a operar plenamente. Fuentes oficiales indicaron que la puesta en marcha será gradual y con supervisión del ministerio y con plazos que comunicarán públicamente.

Los nombrados son el prefecto general retirado Ricardo Alberto Fortini, el comandante mayor Andrés Esteban Barrera y el magíster Fernando Andrés Domínguez. Fortini representará a la Prefectura Naval, Barrera a la Gendarmería y Domínguez actuará en nombre del Ministerio de Seguridad Nacional dentro del directorio de la obra social, recientemente.

A su vez, Domínguez quedó facultado para asumir la representación legal y administrativa de la entidad cuando el presidente del directorio esté ausente, una atribución contemplada en la normativa. Los funcionarios ocuparán sus puestos por un período de cuatro años, según el esquema aprobado por el Ejecutivo y deberán acreditar experiencia y conocimientos en gestión.

La OSFFESEG fue creada como un ente autárquico con personería jurídica propia, apto para operar en el ámbito público y privado. Su estructura prevé un directorio de cinco miembros titulares y sus suplentes; las designaciones y remociones estarán a cargo del ministro de Seguridad. El ministerio sostuvo que los nombrados cumplen con la formación exigida por la normativa vigente.

Entre las tareas que deberá encarar la nueva obra social figuran la elaboración de un reglamento de funcionamiento, la definición de una estructura orgánica y la contratación de una sede y de sistemas operativos. También está prevista la aprobación del programa médico que prestará la cobertura, con plazos y prioridades que fijará el directorio en sus primeros meses.

Radio Mitre

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El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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