Edgardo Taboada, a través de su colega Carlos Ríos López, planteó la nulidad de la cautelar, que en realidad es una tutela anticipada.

En diciembre de 2025 el juez Héctor Salomón impuso un «bozal legal» al abogado Edgardo Taboada, tras una serie de descalificaciones públicas vertidas en contra de Pablo Toviggino y Horacio Aníbal Patto en las redes sociales y medios digitales, acusándolos de integrar una asociación ilícita que despojaba de sus campos a quienes eran sus propietarios.

Tal resolución judicial fue apelada y en la mañana de este jueves, ante integrantes de la Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal, el abogado Carlos Ríos López -quien representa legalmente a Taboada- expresó agravios buscando revertir la decisión del juez Salomón, y nulificar la cautelar que impuso el «bozal legal», aunque los abogados querellantes Gilberto Perduca y Luis Barraza insisten en aclarar que no se trata de una medida cautelar sino de una tutela anticipada.

Ríos López considera que la resolución de Salomón debe ser declarada nula por ausencia de una pretensión fiscal y ausencia posterior del Ministerio Público Fiscal, y afirmando que hay una cuestión previa, a la vez de afirmar que no puede proceder una medida cautelar in audita parte sin intervención del fiscal. «Cualquier medida requiere el control de legalidad del MPF, y debió habérsele corrido vista de la pretensión de Toviggino, Patto y compañía, ya que no estamos ante una cuestión urgente que haga procedente una resolución de este tipo, donde ni el MPF ni la defensa fueron notificados», advierte el letrado, entre otros fundamentos.

A su turno, la fiscalía -integrada por los Dres. Victoria Ledesma y Diego Cortés Ledesma- entendió que la medida del juez Salomón debe confirmarse y advierte que el magistrado analiza dos cuestiones: el carácter personalísimo y la necesidad, a la vez de afirmar que la competencia penal está vinculada en el marco del dictado del sobreseimiento para Toviggino, Patto y otros, dispuesto por el juez Rodolfo Améstegui.

Los fiscales sostuvieron que «la ausencia de vista no puede derivar en el dictado de nulidad, y en cuanto al segundo agravio el juez Salomón hace referencia y pondera la libertad de expresión y el resguardo al derecho del honor».

Añaden que «expresamente el juez deja en claro que la limitación se circunscribe a las causas que ya fueron desestimadas en el marco del legajo fiscal», y remarcan que «la libertad de expresión se encuentra a salvo».

Finalizaron diciendo que «lo que podría reveerse la cuestión del plazo de la medida, que puede ser revisada por el mismo órgano», concluyendo su alocución requiriendo que se confirme la resolución del juez Salomón.

Los querellantes se pronunciaron en idéntico sentido, remarcando que los supuestos ilícitos no fueron probados, e incluso se menciona a una familia Figueroa diciendo que habrían firmado bajo amenazas, lo cual fue desvirtuado por los propios integrantes de dicha familiar, quienes negaron haber sido despojados de sus propiedades.

Finalmente, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar los planteos, y dictará resolución en los próximos días.

Sobre descalificar a una persona

Como abogado, Taboada debiera saber que descalificar a una persona públicamente entra en conflicto con los derechos personalísimos protegidos por la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de Argentina. Si bien existe la libertad de expresión, este derecho tiene límites legales cuando afecta la dignidad de otros ciudadanos.

Tampoco debe desconocer que toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad, su buen nombre y su imagen. Realizar acusaciones sin pruebas o utilizar insultos públicos lesiona directamente este bien jurídico.

Cuando una persona difunde de manera reiterada expresiones que dañan la reputación de otra, un juez puede ordenar el cese inmediato de esas publicaciones. El objetivo de esta medida preventiva es evitar que el daño se siga agravando mientras se resuelve el juicio principal.

El equilibrio con la libertad de expresión

En Argentina está prohibida la censura previa, lo que significa que nadie necesita permiso para publicar una opinión. Sin embargo, esto no exime de responsabilidades posteriores si lo publicado viola la ley.