La Corte Suprema dejó hoy firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario respecto de la actualización de salarios y la recomposición de becas y programas académicos. La acción fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y cuestiona el decreto 759/25. Firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Gobierno había apelado la cautelar, pero la Corte rechazó esos recursos por una razón procesal: no se trataba de impugnaciones contra una sentencia definitiva, requisito para la intervención del máximo tribunal. Por eso, la orden se mantiene mientras sigue el trámite judicial y la controversia de fondo queda pendiente.

La resolución mantiene por ahora la obligación de actualizar haberes docentes y no docentes y de recomponer programas de becas, sin resolver si el Poder Ejecutivo podía suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso. El tribunal evaluó riesgo de perjuicio grave al derecho a enseñar y aprender y al salario del sector académico.

El fallo llegó después del acuerdo entre Nación y universidades para transferir fondos que incluyeron un aumento salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. La oferta buscaba elevar el presupuesto del 0,5% del PBI al 0,6%, aunque la ley fija 0,75%.

La Casa Rosada sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario sólo podía activarse una vez definidas fuentes de financiamiento específicas. La Corte, en cambio, estimó que no aplicar la norma podía generar un perjuicio significativo y que el ahorro que implicaría omitirla resultaba poco relevante para las cuentas públicas. El tribunal consideró además el impacto sobre la calidad educativa.

La resolución no zanja el tema: la causa seguirá su trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se podrá decidir el fondo. En tanto, universidades y sindicatos disponen de una vía judicial para sostener reclamos salariales y presupuestarios frente al Estado. El plazo y el alcance de la sentencia recibirán seguimiento político y académico.

Radio Mitre