La muerte de Sergio Gordillo y su esposa Johana Elizabeth Ibáñez, atropellados por una combi de Infantería el jueves a la noche, abrió una herida profunda en la fuerza de seguridad santiagueña. Los policías involucrados, Jonathan Giménez y Nahuel Salto, quedaron en el ojo de la tormenta, especialmente Giménez, señalado por arrastrar un historial de carpetas médicas y pedidos de baja rechazados por la superioridad.

El comisario general Fernando Esteban Pedregal inició un análisis exhaustivo de los legajos policiales, con foco en aquellos efectivos que acumulan carpetas médicas y antecedentes de salud delicada. “Se viene una depuración policial”, adelantó un alto jefe, en referencia a la creación de una comisión interna que trabajará junto a Asuntos Internos para identificar casos críticos dentro de la fuerza.

La doble tragedia puso en evidencia un problema estructural: personal con crisis de salud, episodios de epilepsia, adicciones o situaciones familiares graves que siguen en funciones pese a no estar aptos. La comisión evaluará caso por caso y trascendió que podrían concederse licencias masivas, especialmente a efectivos con frágil salud mental o atravesando terapias.

El objetivo es claro: desactivar potenciales bombas antes de que se repitan hechos fatales. La depuración busca contener la hemorragia institucional y recuperar la confianza ciudadana, golpeada tras el accidente que terminó con dos vidas y dejó expuesta la necesidad de una fuerza más controlada y profesional.