Todo comenzó como un sueño. Una pareja de comerciantes, oriunda de Añatuya, General Tablada, llegó aquel 4 de septiembre de 2025 al sanatorio capitalino con la ilusión de ver la cara de su primera hija. Cuarenta semanas de controles impecables, ecografías que mostraban una niña saludable y la certeza de que el parto sería normal. Tanto era el entusiasmo, que el padre filmaba cada instante: la entrada a la sala, los preparativos, las últimas contracciones de su mujer. Una postal de felicidad que, en cuestión de minutos, se transformaría en pesadilla.

Pero la alegría se quebró cuando la parturienta comenzó a sangrar. La hemorragia, inesperada, vino acompañada de dolores agudos. El video se cortó de golpe. El personal corría de un lado a otro. La mujer, desesperada, pidió una cesárea. Quería salvar a su hija a cualquier costo. Sin embargo, según consta en la investigación, las dos médicas a cargo habrían insistido en que el parto natural era viable. «Podemos superar esta dificultad», les habrían dicho, convenciendo a la pareja de seguir adelante con el alumbramiento tradicional.

El parto se impuso, pero el resultado fue demoledor. La bebé nació morada, sin signos de oxigenación. De inmediato, la reanimaron y la trasladaron a neonatología, donde luchó por dos días. Finalmente, el corazón dejó de latir. Los padres, aún en shock, recibieron la noticia con la crudeza de quien pierde todo en un instante.

La denuncia no tardó en llegar. La policía allanó el sanatorio, secuestró historias clínicas y la fiscalía ordenó una autopsia. Los peritajes forenses, que demandaron meses de análisis, revelaron inconsistencias en el procedimiento y, lo más grave, presuntas irregularidades en los registros médicos. Con esos elementos, la fiscal Luciana Jacobo imputó a dos profesionales por «homicidio culposo» y «falsificación de documentos».

«Hubo una cadena de errores que no pueden atribuirse al destino», sostuvo una fuente cercana a la causa, que ya lleva nueve meses de instrucción. El expediente crece con testimonios de enfermeros, especialistas y peritos que cuestionan la decisión de forzar un parto normal ante una hemorragia activa. «Era una cesárea de urgencia, no había margen para dudas», agregó la misma fuente.

Los padres, mientras tanto, cargan con el silencio de su hogar en Añatuya. La casa que prepararon con ilusiones ahora guarda el eco de una cuna vacía. El comercio del barrio, que solía ser bullicioso, vive días apagados. Vecinos y amigos los rodean, pero el dolor no encuentra consuelo. «Era su primer hijo, lo esperaron tanto…», se lamenta un conocido.

La defensa de las médicas, por su parte, asegura que obraron conforme al protocolo y que el desenlace fue una complicación imprevisible. Sin embargo, la imputación por falsificación documental agrava el cuadro: se sospecha que alteraron los registros para justificar la demora en la derivación a quirófano. El juzgado deberá decidir si las pruebas son suficientes para elevar el caso a juicio.

Mientras la justicia avanza, la pregunta flota en el ambiente santiagueño: ¿cuántas vidas más deberán perderse para que la urgencia de un parto se tome con la seriedad que merece? La fiscal Jacobo, con su imputación, envió un mensaje claro: la negligencia médica tiene un precio. Pero para los padres de Añatuya, ningún fallo devolverá la risa de su beba.

El expediente sigue su curso. El sanatorio, en tanto, mantiene su rutina, aunque el fantasma de aquel 4 de septiembre todavía ronda sus pasillos. La comunidad espera respuestas. La familia, solo justicia.