El oficialismo aceleró el ritmo parlamentario en la Cámara de Diputados con el objetivo de apurar el tratamiento de dos iniciativas que considera estratégicas para el mediano plazo: la ley de regulación del lobby y el ambicioso proyecto bautizado como super-RIGI, diseñado específicamente para seducir inversiones tecnológicas y de manufactura avanzada a gran escala. Con este movimiento, el bloque gubernamental busca recuperar la iniciativa política y moldear la agenda legislativa antes de la sesión clave fijada para finales de este mes.

La actividad en las comisiones promete ser intensa. Por un lado, se reúne el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para abordar los alcances de la ley de lobby; por el otro, hacen lo propio las carteras de Presupuesto, Industria y Ciencia para debatir los incentivos del super-RIGI. La meta trazada por la conducción del espacio es emitir dictámenes de mayoría la semana próxima y arribar al recinto con ambos textos consolidados para la sesión especial programada para el 24 de junio.

La propuesta oficial para regular las gestiones de intereses busca crear un Registro Público de Gestiones e Intereses, bajo cuya órbita deberán inscribirse de manera obligatoria todos los profesionales que actúen como gestores en representación de terceros. La normativa exigirá la presentación de declaraciones juradas detalladas que identifiquen con precisión a los clientes, los beneficiarios finales de las gestiones y el desglose de cada reunión mantenida, incluyendo fecha, hora, lugar y modalidad.

De manera complementaria, la iniciativa obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo y a los propios legisladores nacionales a informar públicamente todas las audiencias que mantengan con sectores interesados, rindiendo cuentas periódicas sobre dichos vínculos.

El segundo gran eje del debate parlamentario se concentra en el super-RIGI, un esquema de incentivos marcadamente diferenciado del RIGI original. Para defender los alcances técnicos del proyecto, la conducción citó a una serie de expositores y referentes empresariales entre los que destacan Roberto Cacciola, Carlos Ormachea y Esteban Gramblicka.

A diferencia de la normativa previa, este nuevo marco establece un umbral mínimo de inversión de US$ 1.000 millones —frente a los US$ 200 millones del régimen anterior— y excluye explícitamente a los proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales primarios y obras de infraestructura básica, enfocándose únicamente en desarrollos industriales complejos y alta tecnología.

Radio Mitre