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Nacionales

Manuel Adorni rompió el silencio tras su adhesión al régimen simplificado de Ganancias: “No vamos a entrar en ningún blanqueo”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a dar explicaciones públicas tras difundirse su inscripción y la de su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias, un mecanismo contemplado dentro de las modificaciones impositivas de la llamada Ley de Inocencia Fiscal.

Desde su entorno más cercano rechazaron de plano las versiones que vinculan este trámite con una regularización de activos no declarados, asegurando que la medida apunta estrictamente a agilizar y simplificar la confección de las declaraciones juradas anuales.

A través de un descargo compartido a sus allegados y agencias de noticias, el funcionario libertario buscó trazar una línea divisoria entre las diferentes herramientas de la normativa. Desde la Casa Rosada explicaron que, mientras la Ley de Inocencia Fiscal reconfigura los montos y el marco penal tributario general, el régimen simplificado funciona como una opción netamente administrativa diseñada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para reducir la carga burocrática de los contribuyentes.

De acuerdo con las especificaciones técnicas provistas por ARCA, bajo esta modalidad simplificada el organismo recaudador estructura una predeclaración basada en los movimientos del contribuyente. El usuario simplemente debe revisar los datos y convalidar el saldo final para cerrar el período fiscal, quedando exceptuado de detallar minuciosamente la evolución de su patrimonio.

En su defensa interna, Adorni enfatizó que la inscripción es transparente y consta en los registros públicos de la web oficial, manifestando de manera categórica: “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”.

Desde el Poder Ejecutivo insistieron en que no se ingresará un solo dólar mediante mecanismos de regularización y que la opción elegida responde a una necesidad de ganar tiempo operativo, dado que el trámite lo termina liquidando el propio fisco.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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