Judiciales

El santiagueño preso en Brasil por racismo denuncia que lo atacaron en la cárcel y que su vida corre peligro

El abogado de Eduardo Murias, el santiagueño de 63 años detenido por grabar a un nene de siete años en un tren turístico, pidió liberarlo o cambiarlo a una medida alternativa. Según la defensa, ni las autoridades del penal pueden garantizar su seguridad.

Eduardo Murias de 63 años está detenido desde el lunes 25 de mayo en una cárcel de Minas Gerais, en Brasil. Su problema arrancó el domingo anterior, cuando andaba de turista y se subió al «María Fumaça», un tren histórico muy conocido.

Según la policía brasileña, Murias estuvo filmando a un nene de siete años sin permiso de los padres. Cuando le revisaron el celular, encontraron mensajes de WhatsApp con comentarios despectivos sobre el color de piel del chico y hasta referencias a la esclavitud. Para la justicia de Brasil, eso es racismo ya consumado, no solo un insulto.

El ataque en prisión

Ahora la defensa del argentino dio un giro tremendo al caso. En un documento presentado por sus abogados cuentan que Murias fue agredido físicamente dentro de su celda. Y que el propio personal de la cárcel les dijo que no tienen estructura para garantizar que no le pase algo peor.

Lo más llamativo: según la defensa, los propios empleados de la cárcel admitieron que no tienen forma de cuidarlo ahí adentro.

Por eso pidieron dos cosas urgentes:

Que lo saquen de la prisión preventiva, o al menos que le cambien la medida por alguna alternativa (como firma periódica o retención de pasaporte).
Que mientras tanto, lo aíslen y le den protección especial.

Según los abogados, ya lo habrían movido a una celda individual para cuidarlo un poco más.

El factor racial en Brasil

La defensa mete un dato clave en su presentación: en Brasil, el 70% de la población carcelaria es negra. Justamente por el delito que se le acusa a Murias (racismo), los abogados creen que eso estaría atizando el odio de otros presos contra él.

El escrito judicial es duro: dice que seguir preso así ya no tiene sentido procesal, sino que se convirtió en «una pena cruel y anticipada».

Qué pasa ahora

La justicia brasileña está analizando el pedido de urgencia. Por un lado, el juez de primera instancia ya tiene el reclamo en su escritorio. Por otro lado, la defensa también fue a un tribunal superior a pedir un «habeas corpus» (un amparo para que liberen a Murias).

En esa audiencia de apelación, el juez Danton Soares Martins evitó opinar sobre los plazos. Y lo que llamó la atención: no quiso recibir al cónsul argentino que fue hasta el tribunal para avalar que Murias no tiene antecedentes en la Argentina.

El caso de Murias no es el único. Hace poco, una abogada santiagueña llamada Agostina Páez estuvo tres meses en Río de Janeiro esperando que la investiguen por injuria racial. Y otro argentino, José Luis Haile (de La Plata), fue detenido semanas atrás en Copacabana por gritar insultos racistas en un supermercado.

Todo esto hace que los jueces brasileños estén bajo presión social para que no quede en nada. Y la defensa de Murias cree que eso también juega en contra de su cliente.

La semana que viene puede haber novedades. Los abogados ya pidieron que un médico forense revise a Murias para certificar las lesiones del ataque. Y mientras tanto, el santiagueño sigue preso, con su vida en riesgo y con una familia entera esperando noticias desde la Argentina.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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