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Grave denuncia por prevaricato: Juez despoja de un campo a sus legítimos propietarios y poseedores, mediante una estafa procesal

Una escandalosa resolución emitida por el Dr. Héctor José María Salomón, juez de Control y Garantías, encendió las alarmas en el sector rural tras consumarse el despojo -a sus legítimos propietarios y poseedores- de un campo situado a 15 kms. de la localidad de Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra. La medida, calificada como un claro acto de prevaricato, habría sido dictada de forma arbitraria y en abierta contradicción con las leyes vigentes.
El caso adquiere ribetes delictivos mayores al descubrirse una grosera estafa procesal que el magistrado omitió de forma deliberada. Juan Carlos Colquis, el sujeto favorecido por el fallo, utilizó exactamente la misma documentación para reclamar y adjudicarse la titularidad de tres campos diferentes, de lo cual el abogado que lo patrocinó tenía pleno conocimiento.

Esta inconsistencia documental evidencia una maniobra de fraude procesal destinada a engañar a la Justicia, o bien, a simular una legalidad inexistente con la complicidad del juez, ocasionando un grave perjuicio a los propietarios legítimos. Los afectados ya preparan las denuncias penales correspondientes y el pedido de juicio político para el magistrado.
Incluso, personas que trabajan para Colquis ingresaron a dicho campo, donde había una casilla y paneles solares, bienes que luego desaparecieron, por lo que se sospecha que fueron robados.

Una fianza irrisoria
El llamativo contraste en el monto de las fianzas aplicadas por el juez Salomón evidencia una profunda arbitrariedad que refuerza la sospecha de prevaricato. Mientras que en una causa de estafa común fijó una caución real de 70 millones de pesos, en este grave caso de despojo de tierras y triple fraude procesal otorgó el beneficio por una cifra diez veces menor: apenas 7 millones de pesos.Esta desproporción es un argumento central para demostrar el favoritismo judicial, ya que el monto fijado resulta ridículo frente al valor económico de tres campos rurales y el daño patrimonial ocasionado a los legítimos propietarios y poseedores.

En contra de la ley
Y como si ello fuese poco, el juez Salomón se apartó groseramente de la ley al dictar su arbitraria resolución, ya que el art. 223 del Código Procesal establece que el supuesto usurpador esté imputado e indagado, circunstancias que en este caso no ocurrió, a punto tal que durante la audiencia el fiscal Miguel Torresi, de la Unidad de Tierras, se opuso al desalojo de los legítimos propietarios, ya que no había pruebas de que estos hayan incurrido en delito alguno y por ello no dispuso una imputación en contra de los mismos.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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