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Acusan a excomisionado de quedarse con fondos de viviendas sociales: diez familias siguen esperando sus casas

La Justicia santiagueña puso bajo la lupa al ex comisionado municipal de Los Pirpintos, Mario Vicente Vizgarra, acusado de un presunto desvío millonario de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

La causa tomó fuerza en las últimas horas luego de que Vizgarra fuera formalmente imputado e indagado por supuestas irregularidades vinculadas a diez viviendas que, según la investigación, jamás fueron construidas pese a que los fondos estatales ya habrían sido girados.

El abogado querellante Lucas Cabañas sostiene que el perjuicio económico superaría los 100 millones de pesos. Según su planteo, cada unidad habitacional tendría un valor aproximado de 10 millones y existirían al menos diez familias que figuran como adjudicatarias, aunque nunca recibieron las casas prometidas.

El miércoles, el ex jefe comunal se presentó a declarar acompañado por su abogada defensora, Melisa Slamich. Sin embargo, optó por no responder preguntas en esta primera etapa del proceso judicial, argumentando que antes debía interiorizarse completamente de los cargos formulados en su contra.

Pero el expediente no termina allí. Fuentes ligadas a la investigación deslizaron que también existen denuncias por presuntos movimientos de dinero hacia familiares directos de Vizgarra, maniobras que habrían ocurrido poco después de que los fondos públicos ingresaran a las cuentas oficiales de la comisión municipal.

La situación generó fuerte malestar en la zona de Copo, especialmente entre vecinos que aseguran haber esperado durante años una solución habitacional que nunca llegó. Mientras tanto, la Justicia avanza con pericias contables y análisis bancarios para reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió un esquema de desvío de fondos públicos.

En los pasillos judiciales, el caso ya es considerado delicado. No solo por el monto económico investigado, sino también porque toca uno de los temas más sensibles del interior santiagueño: las viviendas sociales prometidas a familias vulnerables que, según la acusación, terminaron convertidas en papeles, expedientes y sospechas millonarias.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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