En el marco de una audiencia realizada ante la jueza Norma Morán, se resolvió prorrogar la prisión preventiva por el plazo de ley, de dos años, para una mujer identificada como Micaela Gómez, quien se encuentra imputada en una causa por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja en grado de tentativa, en perjuicio de Gastón Joaquín Orieta.
La decisión judicial se produjo luego de que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella particular, representada por el Dr. José Fernando Agüero, se opusieran al pedido de cese de prisión preventiva formulado por la defensa de la imputada.
Durante la audiencia, la querella sostuvo que continúan vigentes los peligros procesales previstos por el Código Procesal Penal de Santiago del Estero, especialmente el peligro de fuga, remarcando que la imputada ya había sido beneficiada anteriormente con una medida menos gravosa, consistente en el arresto domiciliario para el cumplimiento de la prisión preventiva. Sin embargo, según se expuso, Gómez habría incumplido en reiteradas oportunidades las condiciones impuestas, evadiéndose del domicilio fijado, lo que motivó finalmente su alojamiento en la Alcaidía de Mujeres.
La acusación particular destacó que no se trataba de un planteo abstracto, sino de hechos concretos posteriores al otorgamiento del beneficio, que demostrarían la ineficacia de medidas alternativas y actualizarían el riesgo procesal. En ese sentido, el Dr. Agüero sostuvo que las reiteradas evasiones constituyen un antecedente objetivo que impide considerar viable el cese de la medida cautelar.

Gravedad del hecho
Asimismo, se puso de relieve la gravedad del hecho investigado. De acuerdo con la imputación, Gómez habría atacado a su pareja con un cuchillo tipo carnicero, ocasionándole una herida en la zona del pecho, con compromiso cardíaco y riesgo vital. Para la querella, los elementos reunidos durante la investigación —entre ellos informes policiales, secuestro del arma blanca, testimonios, actas de procedimiento e informe médico legal— sostienen, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la existencia del hecho y la probable autoría atribuida a la imputada.

Secuelas del ataque
Otro de los puntos señalados por la querella fue el posible entorpecimiento del proceso, teniendo en cuenta que el hecho investigado se habría producido en un contexto de relación de pareja, con testigos del entorno cercano y una víctima que aún atraviesa las consecuencias físicas y psíquicas del ataque.
No obstante, desde la querella se remarcó que la prisión preventiva no debe entenderse como una pena anticipada, sino como una medida excepcional destinada a asegurar los fines del proceso. Por ello, el Dr. Agüero solicitó que la continuidad de la medida sea dispuesta por un plazo razonable, proporcional y sujeto a control judicial.

Sobre las adicciones
Además, la querella planteó la necesidad de abordar la problemática de adicciones que surgiría de las constancias de la causa, tanto en relación con el hecho investigado como con las posteriores evasiones. En ese marco, solicitó que se ordene la intervención de los organismos correspondientes para garantizar asistencia psicológica, psiquiátrica y/o terapéutica a la imputada, conforme los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental.
Finalmente, luego de escuchar a las partes, la Dra. Norma Morán resolvió hacer lugar a la postura del MPF y de la querella, disponiendo la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de ley, al considerar que subsisten riesgos procesales actuales, concretos y fundados.
La resolución fue adoptada sin perjuicio del principio de inocencia que ampara a toda persona sometida a proceso penal hasta tanto exista sentencia firme.