Cuatro individuos que se dedicaban a vender drogas en el barrio Sarmiento de la Capital, fueron condenados este lunes por el juez Héctor Salomón, quien en el transcurso de un juicio abreviado les aplicó penas de cumplimiento efectivo.
Los sujetos condenados son los hermanos Ramiro Nicolás y Rodrigo Matías Monje, a quienes se aplicó una pena de 4 años y 8 meses de prisión. El primero de ellos ya contaba una condena anterior de 3 años de prisión en suspenso, como autor de los delitos de tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado.

Los demás sentenciados fueron Pedro Ángel Páez y Andrés Maximiliano Tévez, quienes recibieron penas de 4 años y 6 meses de prisión, también de cumplimiento efectivo. Los cuatro fueron considerados autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Los imputados desplegaban tal actividad ilegal en una gruta situada en la calle Granadero Saavedra, en el mencionado barrio de la Capital, y fueron detenidos durante allanamientos efectuados en dicho lugar y en sus respectivos domicilios el 4 de agosto de 2023, secuestrándose en la ocasión marihuana, cocaína, plantas de cannabis sativa, pastillas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros objetos vinculados a la comercialización de drogas.

Por denuncia anónima
La investigación se inició en base a una denuncia anónima del 3 de mayo de 2023, que indicaba que en dicha gruta y en distintos domicilios los inculpados vendían sustancias tóxicas. A partir del día siguiente y hasta agosto de ese mismo año los policías realizaron una investigación, durante la cual produjeron 21 informes con evidencias de la ilegal actividad, en los cuales se incluían fotografías y videos, por lo cual la fiscalía solicitó a un juez que libre la correspondiente orden de allanamiento, detenciones y secuestros.
Durante el procedimiento se logró la detención se siete individuos, en tanto que Ramiro Monje logró darse a la fuga y se mantuvo en calidad de prófugo, hasta que fue detenido en un nuevo allanamiento realizado tiempo después.
En el transcurso de una audiencia la fiscal Virginia Abrate, el defensor oficial Ángel Roger Luna Roldán y los abogados Delfín Santillán y Paulo Campos, presentaron al juez el acuerdo al que habían arribado, con plena conformidad de los imputados, y solicitaron que sea homologado.
Tras analizar dicho convenio y luego de consultar a los sujetos si estaban conformes con las penas a aplicarse, a lo cual los imputados respondieron en forma positiva, el magistrado hizo lugar al pedido de las partes, convalidando lo que habían convenido.